La ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid parece que no estará lista antes de las elecciones de mayo de 2027 para que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pueda celebrar su inauguración. La Comunidad de Madrid ha autorizado la modificación del proyecto de esta obra para salvar algunos de los aspectos más delicados de la extensión del suburbano entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, previo paso por el entorno de la estación de Atocha, después de meses de polémicas por la tala de cientos de árboles para ejecutar el proyecto.
Las medidas alternativas, así como otras circunstancias que no se habían tenido en cuenta inicialmente, han engordado el presupuesto inicial en 17 millones de euros más, que se suman a los 500 millones que se abonarán a Acciona, ACS (Dragados) y Rover para que construyan esta ampliación. La modificación supone un incremento del 3,82% del precio original, por debajo del límite máximo del 10% que permite la Ley.
Problemas con los suelos
Una de las modificaciones más significativas obedece a un viejo conocido de la administración regional, el estado de los suelos, que han obligado a cerrar la línea 7B. En un caso que recuerda al de San Fernando de Henares y que obligó a desalojar a sus vecinos, la Comunidad de Madrid se dio cuenta al iniciar la obra que "las características hidrogeológicas y geotécnicas de los terrenos ensayados son diferentes a las contempladas en el proyecto".
En concreto, apela a que las fuerzas y empujes del suelo sobre la estructura del túnel y las estaciones no son las inicialmente planteadas, aunque la plasticidad del terreno es mayor a la prevista, por lo que obliga a reducir la velocidad de avance de la tuneladora, lo que obliga a alargar la obra otros 18 meses. A cambio, el coste de la misma baja en torno a 20 millones de euros, al relajarse las necesidades técnicas.
Menos talas de árboles
La polémica tala de árboles a lo largo del trazado de la ampliación de la línea 11 para poder introducir la tuneladora o sacar los escombros no se llevará a cabo en sus términos iniciales. La Comunidad acordó rebajar la afección sobre la masa arbórea mediante otros métodos menos invasivos que, en cambio, provocarán sobrecostes por valor de 7,4 millones de euros.
"Ante las sugerencias y quejas recibidas por parte de la ciudadanía, comunidades de vecinos y distintas asociaciones, así como la repercusión mediática debido a la previsión de tala de árboles necesaria para ejecutar el proyecto de ampliación, se hace necesario modificar las ocupaciones en superficie para reducir el número de ejemplares afectados", expresa el texto. La alternativa planteada pasa por "usar medios de elevación vertical en vez de las rampas de vaciado". También como consecuencia, la Comunidad eliminará una de las conexiones previstas entre la estación de la línea 3 y la futura de la línea 11, que pretendía facilitar el transbordo de los usuarios.
Almeida cambia de planes
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, que inicialmente no formuló alegaciones al proyecto, comunicó en abril de 2023 diferentes cuestiones que consideraba necesarias para que no afectasen al patrimonio público bajo su gestión. En concreto, el gobierno de Martínez Almeida requirió al de Ayuso a que el proyecto de ampliación de la línea 11 contemple la reordenación viaria del entorno de Atocha y que esta se adapte al 'Paisaje de la Luz', el conjunto urbano y arquitectónico protegido por la Unesco.
Las actuaciones a llevar a cabo contemplan un nuevo diseño arquitectónico y urbano, con acabados superficiales como bordillos de granito; la reordenación del tráfico; una nueva distribución de carriles o el refuerzo estructural de la estación de Atocha, recientemente reformada. Esta modificación no prevista aumentará los costes en 26,4 millones de euros.
También obligó a replantear la ampliación del túnel bajo la glorieta de Conde de Casal, que será alargado, para que incluya varios equipamientos necesarios fijados por la normativa estatal. Esta obra incrementará el coste en otros 3,5 millones.
Además, la obra también afecta a varias infraestructuras, públicas y privadas. Es el caso de Iberdrola, que requiere de una segunda acometida eléctrica para desarrollar la actuación, una obra que costará 781.557 euros. O del Canal de Isabel II, cuya red de aguas se ve afectada por las afecciones en el subsuelo.
Así, se han pactado cambios en varias galerías subterráneas o la reposición de un colector que rebajarán el coste en otros 5 millones frente a lo inicialmente planteado. También se dedicarán 1,5 millones adicionales al tratamiento del terreno entre el futuro túnel y un aparcamiento privado que no ha dado permiso a actuar desde dentro de su propiedad.
Planteada desde enero
En total, la modificación planteada contempla reducciones de costes por valor de 19,1 millones de euros en determinadas actuaciones, y aumento de los gastos de otras por un importe total de 36,2 millones, lo que supone un desvío presupuestario de 17 millones sobre un importe total de obra de 500 millones.
Esta ampliación de proyecto, que llevaba siete meses encima de la mesa de los altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue finalmente firmada el 11 de julio y publicada ocho días después. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, competente en la materia, formalizó este jueves la modificación del contrato tras consultar al consorcio contratista y el equipo de proyectistas encargado de diseñar la obra.