Barcelona
Los números no engañan. Barcelona supera los 300.000 pisos en alquiler, pero tan solo cuenta con poco más de 10.000 pisos turísticos. Por tanto, la medida anunciada por el alcalde de la mayor ciudad de Cataluña, Jaume Collboni, para erradicar los apartamentos de uso turístico apenas aflorará un 3% de viviendas para destinarlas al arrendamiento convencional. Toda una cortina de humo.
Eso teniendo en cuenta que la mayoría de propietarios quiera reenfocar sus activos hacia esta modalidad. Algunas catas demoscópicas, como una elaborada por Fotocasa Research, indican que muchos titulares prefieren explorar otras opciones. "Tras la entrada en vigor de la ley de vivienda el 31% de arrendadores tiene intención de pasar su vivienda al alquiler temporal, el 24% al turístico y el 20% al alquiler de habitaciones", apuntan desde la plataforma de intermediación.
Si bien se trata de datos para el conjunto de España, María Matos, directora de estudios en Fotocasa, no da por hecho que el veto a los pisos turísticos anunciado por el PSC en Barcelona agrande el parque de alquiler.
"Probablemente un gran volumen se perdería en el mercado de la venta, ya que, en estos momentos, el 52% de los propietarios consideran la ley de vivienda les desincentiva y se lo pone más difícil para poner su vivienda en el mercado de la renta", argumenta la experta.
De hecho, en Nueva York se ha observado cómo la prohibición de pisos de uso turístico ha reconducido la oferta más bien hacia el mercado negro en vez de hacia otras alternativas contractuales. En agosto del año pasado, la metrópolis de la gran manzana dio portazo a Airbnb y limitó las estancias a menos de un mes.
Viviendas obsoletas
A esto se suma la advertencia de Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad de Barcelona, de que muchos inmuebles destinados a la explotación turística están "obsoletos".
"En zonas céntricas se habían reutilizado pisos antiguos, estrechos, mal distribuidos, casi sin cocina... para un turista puede estar bien, pero no para hacer vida normal. No sabemos hasta qué punto se podrán reciclar al mercado residencial habitual", considera.
La medida no convence a los radicales Pro-Colau
Pese a su radicalidad, el movimiento de Collboni no ha convencido ni siquiera a los activistas más contrarios a las viviendas turísticas. El Sindicat de Llogateres, una organización con simpatías por los comunes, calificó el pasado viernes la medida anunciada por el consistorio como una "cortina de humo".
La entidad aseguró que el fin de los pisos turísticos es una estrategia para ocultar la eliminación de la reserva del 30% de vivienda protegida, que a su juicio responde a los intereses de las grandes constructoras.
Asimismo, esgrimió que la extinción de la totalidad de apartamentos "no hace más que ratificar la apuesta de la patronal hotelera: una ciudad vendida a un turismo de congresos, eventos y cada vez más exclusivo".
En sus palabras, la crisis de acceso a la vivienda en Barcelona "no se fundamenta en las viviendas de uso turístico como tal, sino en la falta de regulación de los alquileres temporales", que ve como la principal brecha de los "especuladores" para desviar pisos a usos lucrativos.
Afinidad con Colau
El autodenominado sindicato se caracteriza por animar a los inquilinos a impagar sus rentas en caso de aumentos por parte de los dueños de los inmuebles, aun cuando estos cumplan escrupulosamente la legalidad.
Además, organizan campañas de presión, a menudo con escraches y otras acciones directas, contra los arrendadores o propietarios.
En 2022, la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, secundó por carta las preocupaciones del Sindicat de Llogateres y entidades afines por la presencia de "fondos buitres" en la feria inmobiliaria The District, celebrada en la Ciudad Condal.
La munícipe agradeció a los radicales sus "consideraciones" sobre el evento. El gesto de la alcaldesa fue interpretado como un aval a la actitud de unos grupúsculos que se han hecho fuertes en la capital.