Transportes y Turismo

Airbnb y Booking.com, sin noticias de la investigación de Consumo por ofertar pisos turísticos ilegales

Pisos turísticos en el centro de Sevilla. / Europa Press

Las plataformas tecnológicas Airbnb y Booking.com aseguran no haber recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España en lo relativo a la investigación abierta por el antiguo Ministerio de Consumo, ahora integrado en el de Derechos Sociales y Agenda 2030, que anunció la apertura de una investigación a las plataformas digitales que ofertan alquileres turísticos al haber localizado "potenciales prácticas comerciales desleales" por parte de las viviendas sin licencia para realizar este tipo de actividades y que se anuncian en estos portales.

"Hasta el día de hoy, Airbnb no tiene constancia de la recepción de ningún requerimiento de información por parte del Ministerio de Consumo", explican. Misma respuesta ofrecen portavoces de Booking.com a preguntas de este medio, que aseguran no poder pronunciarse a la espera de que llegue la notificación del expediente abierto por la Dirección General de Consumo.

Desde el gigante norteamericano de las casas compartidas se consideran "un buen socio de las autoridades" y aseguran que "siempre" piden a los anfitriones "que certifiquen que cumplen con las leyes locales y que cuentan con los permisos necesarios antes de anunciarse en la plataforma".

La tecnológica defiende la existencia de un ámbito de colaboración entre los Gobiernos y las plataformas, determinado en la nueva regulación europea de Servicios Digitales, y que Airbnb asegura haber apoyado. "Establece un marco para que compartan información, lo que dará a las autoridades más visibilidad sobre la actividad de los anfitriones y facilitará unos sistemas de registro más simples y centralizados", explican a este medio.

A la espera de que avance la investigación, los brazos jurídicos de las plataformas empiezan a armar su defensa, que para ellos será una más tras años litigando contra la regulación de los distintos países en los que operan. Mientras tanto, fuentes del sector consultadas por elEconomista.es ya adelantan sus recelos sobre las posibilidades de que esta investigación llegue a buen puerto. En concreto, apuntan a la jurisprudencia previa de los tribunales, que limitan la responsabilidad de estas plataformas sobre los anuncios que en ellas se publican.

Bustinduy apunta a la defensa de los consumidores

Este miércoles, el departamento que ostenta Pablo Bustinduy anunció el envío de requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico "para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito" tras localizar posibles prácticas irregulares. En caso de que se confirmen estos comportamientos ilícitos, las multas serían de entre 100.000 euros a seis veces el beneficio obtenido.

Consumo, que ha declinado informar sobre las compañías afectadas por este expediente, apunta a la existencia de posibles prácticas desleales según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que podrían "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada". En España operan más de 100 portales dedicados a esta actividad.

El expediente abierto por Consumo llega después de que Madrid publicase un mapa con las 1.000 viviendas que operan con licencia en la capital, pese a que en plataformas como Airbnb se anuncian más de 20.000. Esta situación se extiende por todas las grandes ciudades, con especial afección en zonas turísticas.

La Dirección General de Consumo ha pedido a las plataformas investigadas que le remitan información sobre las viviendas anunciadas para su uso turístico, poniendo el foco "en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas" que, a su parecer, "podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley".

Esta investigación se conoce a las puertas de las Elecciones Europeas y apenas días después de filtrarse la propuesta de sanción de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas por cobrar el equipaje de mano o la selección de asiento, entre otras prácticas. En este caso, las afectadas son Ryanair, Vueling, easyJet y Volotea.

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