El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una propuesta de sanción de 150 millones de euros hacia cuatro aerolíneas de bajo coste: Ryanair, Vueling, Volotea e EasyJet por supuestas prácticas contra los pasajeros. El órgano gubernamental apunta a cuatro prácticas habituales de estas compañías, siendo la más sancionada el cobro por llevar equipaje de mano a bordo de la cabina del avión.
Sobre el aspecto del cobro del equipaje de cabina, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha rechazado la pretensión del Ministerio de Consumo y recuerdan que esta medida perjudicaría a los 50 millones de pasajeros que viajan sin maleta de cabina a bordo y solo llevan equipaje de mano bajo el asiento. "Sancionar esta práctica limita la opción de pagar sólo por los servicios indispensables y se obligaría a todos los pasajeros a contratar el servicio de transporte de maleta de cabina, aun cuando no lo necesiten", ha aseverado el presidente de ALA, Javier Gándara.
ALA ha destacado que este procedimiento sigue abierto y cabe recurso de alzada ante los expedientes sancionadores que Consumo ha abierto a estas compañías. Por lo que no hay ninguna decisión tomada ya que estos trámites continúan en proceso.
Hasta que un juez no dicte lo contrario, las aerolíneas podrán seguir cobrando por las maletas de cabina
Por ello, las aerolíneas no dejarán de cobrar por el equipaje de mano de momento. Todas ellas recurrirán la decisión presentando un recurso de alzada en vía administrativa, y en caso de que este no prospere, las compañías aéreas podrán acudir a la justicia ordinaria. Por tanto, hasta que un juez no vete este tipo de prácticas, las aerolíneas podrán seguir aplicándolas.
Fuentes del Gobierno han dado a conocer que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "protegen los derechos de los consumidores y usuarios aéreos y garantizan la seguridad jurídica a las compañías aéreas que operan en España, para que desarrollen con absoluta normalidad su actividad".
El asunto se va a elevar a la Comisión Europea
Desde el Ejecutivo hace hincapié en que "este asunto todavía se encuentra en tramitación y, por tanto, es prematuro hablar sobre su resolución definitiva". Por último, han anunciado que "elevaremos este asunto a la Comisión Europea, para garantizar al máximo la seguridad jurídica del sector y los derechos de consumidores y usuarios".
