Madrid
La opa de Magyar Vagon por Talgo ha vuelto a despertar el afán intervencionista del Gobierno ante la compra de empresas nacionales con un componente estratégico. La oferta del grupo húngaro, que puede materializarse en las próximas horas, ha llevado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a pronunciarse de manera muy contundente sobre las reservas del Ejecutivo a que el fabricante de trenes de alta velocidad español cambie de manos. La intervención de Puente ha sido la segunda de un alto cargo del Gobierno en las últimas semanas con motivo de esta transacción. Antes lo hizo el titular de Industria, Jordi Hereu, que condicionó el plácet de Moncloa a tener "pleno convencimiento de que se mantiene un control estratégico" pese a la compra de Talgo por parte de un grupo extranjero.
La postura del Gobierno coincide con la implementación de las nuevas normas del escudo anti-opas, figura que se implantó con motivo de la pandemia del coronavirus para evitar la adquisición de empresas españolas por grandes fondos de inversión extranjeros o fondos soberanos aprovechando su depreciación bursátil. Este mecanismo fue actualizado este verano, introduciendo la posibilidad de exigir nuevos compromisos a los potenciales compradores, como así ha sucedido ya en la opa de Antin sobre Opdenergy, donde el fondo ha renunciado a arbitrajes internacionales contra España. También se espera que las exigencias gubernamentales se implementen en la fusión entre Orange y MásMóvil.
En la historia reciente de España emergen múltiples ejemplos de operaciones en las que el Gobierno del momento intervino. En algunas se impidió que terceros países tomaran el control de empresas estratégicas y, en otras, por el contrario, se allanó el camino para ello; también se instrumentaron leyes ad hoc para determinados conflictos o se influyó decisivamente para que grupos españoles intercedieran en operaciones. Las casuísticas son variadas. A continuación se enumeran algunas de las operaciones más relevantes de la historia reciente de España en las que Moncloa ejerció un papel, si no determinante, sí muy relevante.
Traslado de Ferrovial a Países Bajos
Aunque no supuso la adquisición de una empresa española por parte de un grupo perteneciente a un tercer país, la mudanza de Ferrovial a Países Bajos despertó los recelos del Gobierno. Los planes de la compañía que preside Rafael del Pino para cotizar en Estados Unidos se toparon con la disconformidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no dudó en lanzar descalificaciones y amenazas a una de las principales empresas españolas en el mundo.
Las maniobras del Gobierno llegaron a ponerse en duda, sobre todo después de que recientemente se desvelara que había ocultado un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que justificaba el salto de Ferrovial a EEUU desde Ámsterdam. El supervisor bursátil emitió un documento el 5 de abril del pasado año que vio la luz definitivamente en los primeros compases de este 2024. En él se aseguraba que la hoja de ruta de la compañía se cumpliría de forma "más breve y simple" si seguía el esquema previsto, algo que el Ejecutivo puso en entredicho e imputó a motivos fiscales.
Endesa-Enel-Acciona-E.ON
La batalla energética por excelencia es la guerra de opas por Endesa. El 5 de septiembre de 2005, Gas Natural presentó una oferta de compra no solicitada por la eléctrica. "Hoy ponemos el semen y dentro de nueve meses tendremos la criatura", aseguró entonces en Barcelona el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, que no imaginaba las carambolas que provocaría aquella intentona de compra tras la defensa protagonizada por Manuel Pizarro.
La opa de Gas Natural comenzó con 21,3 euros por acción (13,85 de ellos a pagar en títulos), pasó por los 35 euros de la alemana E.ON y llegó hasta los 43 euros que desembolsaron, incluido el dividendo extraordinario que ofreció Endesa, a pagar a Enel y Acciona. Y es que el escenario energético estaba abierto después de fracasar por la oposición de Aznar y Rato la fusión con Iberdrola planeada en el 2000 entre Rodolfo Martín Villa y el malogrado Iñigo de Oriol.
El matrimonio ganador fue el de Enel y Acciona, que apenas duró un año, a pesar de que los socios se empeñaron en demostrar que era un compromiso de futuro. José Manuel Entrecanales rechazó rotundamente las interpretaciones que señalaban que había habido ayuda del Gobierno para frenar a la alemana E.ON. El grupo italiano terminó llevándose el gato al agua. Entrecanales vendió su 25% por 11.600 millones, con una parte en efectivo, un contrato para suministrar turbinas y activos renovables por 2.900 millones. Enel, por su parte, se quedaba con un 92% de Endesa tras una batalla legal, económica y mediática que llegó a provocar sentimientos nacionalistas y boicots.
Repsol-Pemex-Sacyr
Otra de las mayores guerras empresariales de los últimos años fue protagonizada por el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, que intentó tomar el control de Repsol en diversas ocasiones con la compañía de Lukoil y de Pemex. En ambas ocasiones, la oposición de la petrolera así como la debilidad financiera de la constructora fueron claves para que una de las principales empresas del país no acabara engullida por los gigantes chino y mexicano que habían puesto el ojo en las mismas.
Iberdrola-ACS
ACS intentó tomar el control de Iberdrola pero acabó fracasando y vendiendo su participación tras la fuerte oposición que llevó a cabo la dirección de la eléctrica. La guerra entre Florentino Pérez e Ignacio Galán sigue a día de hoy tan viva como en el momento del asalto y, de hecho, ambos directivos siguen cruzándose denuncias por un enfrentamiento que rompió los puentes entre ambos empresarios. La eléctrica de Galán se negó a dar entrada en el consejo de la compañía a ACS al asegurar que se trataba de un competidor por su creciente presencia en el negocio de las energías renovables. Finalmente, tras la falta de apoyos de los accionistas de la eléctrica a Florentino, el también presidente del Real Madrid tuvo que dar marcha atrás en su asalto.
Abertis-Atlantia-ACS
Atlantia lanzó una opa sobre Abertis en 2017, en una operación inversa a la que la Acesa -la antigua Abertis- intentó una década antes y el Gobierno italiano frustró. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ejerció un papel decisivo en la búsqueda de una alternativa nacional. La pública Aena, dirigida entonces por José Manuel Vargas, se propuso para crear el mayor grupo de infraestructuras de transportes del mundo, pero Rajoy ni se lo planteó. ACS se elevó en solución, pero la magnitud de la operación, con una deuda asociada muy relevante, llevó al grupo de Florentino Pérez a adoptar una vía intermedia aliándose con Atlantia en la compra, aunque con dominio en el capital de la firma italiana. Como el mayor operador de autopistas de peaje de España, el Ejecutivo consideró a Abertis como empresa estratégica, por lo que fue necesaria la autorización del Ministerio de Fomento. No sólo eso, Abertis también era estratégica porque controlaba el grupo de satélites Hispasat, por lo que también requirió la aprobación del Ministerio de Industria y, además, tuvo que ser vendido a Red Eléctrica, participada por el Estado.
Iberia-British Airways
La operación se remonta a la década anterior, pero su huella todavía perdura en la industria aérea. Iberia y British Airways dieron los primeros pasos para su unión en 2008, aunque la luz verde definitiva no llegó hasta tres años después, tras varios giros de guion e, incluso, el cambio en la cúpula de la compañía española en medio de las negociaciones. No obstante, las "salvaguardas" introducidas en el pacto de fusión que dio lugar a IAG, donde se contemplaba la posibilidad de dar marcha atrás hasta tres años después, dio alas al Gobierno de Rajoy para presionar. El motivo: los nuevos propietarios de la antigua compañía de bandera española lanzaron una gran reestructuración entre el personal de España (4.500 despidos y 25 aviones menos) y los primeros resultados de la integración dejaban mejor parada a British Airways en rutas y cuota de mercado frente a la nacional.
Naturgy-IFM
En enero de 2021 el fondo australiano IFM lanzó una opa sobre el 22,69% de Naturgy, con la intención de ampliar su control sobre el capital de la compañía. Fue un proceso cargado de complicaciones, en el que el Gobierno llegó a imponer unas condiciones más estrictas de lo habitual con un periodo de vigencia de cinco años. Como parte de estas exigencias, el fondo representado en España por Jaime Siles debía mantener la sede de la compañía y una parte significativa de su plantilla en España, apoyar las inversiones en transición energética, mostrar prudencia en su política de dividendos o rechazar su retirada de cotización de bolsa, entre otras cosas. Pese a su objetivo inicial, el escaso grado de aceptación de la oferta llevó a IFM a quedarse como cuarto accionista de la firma, con un 10,83% del capital, por detrás de Criteria Caixa (26,7%), CVC (20,6%) y GIP (20,07%). Desde entonces el fondo ha ido escalando progresivamente su participación hasta el actual 14%.
Indra-ITP
La compra de ITP Aero por el fondo estadounidense Bain Capital a Rolls Royce, valorada en 1.700 millones, es otro claro ejemplo de operación estratégica donde Moncloa y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu establecieron unas condiciones de "especial protección de los intereses industriales y de defensa" con el fin de mantener el carácter nacional de la compañíareservando un 30% del capital a un núcleo de inversores y socios industriales españoles. La entrada del Gobierno vasco en el grupo aeronáutico con el 6% del capital a través del Fondo de inversión Finkatuz junto a Bain y JB Capital. Detrás de la decisión pesó la continuidad empresarial de ITP Aero en Euskadi, además de su sede y empleos. En el consorcio industrial se espera un último paso: el desembarco de Indra con hasta el 15% del capital para acompañar a Bain como socio mayoritario del núcleo duro español. Un nuevo movimiento que pondría las bases para crear un gran grupo español de defensa.
Deoleo-IQ
En 2014 un fondo vinculado al Estado italiano, IQ Made in Italy Investment, intentó comprar el 100% de Deoleo, el grupo alimentario español líder mundial del aceite envasado de oliva. El Gobierno español, con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricutlura, intentó vetarlo y la empresa fue comprada al final por CVC.
