Renfe ya tiene abogados para cubrir su actividad en el extranjero. La operadora pública deja en manos de tres bufetes distintos su representación jurídica en Europa, especialmente enfocada a aquellos países en los que ya opera o en los que tiene puesto el ojo para acceder a sus mercados. La compañía dirigida por Raül Blanco destinará 2,5 millones de euros a "servicios de asesoramiento y defensa jurídica internacional" con un contrato dividido en seis lotes que se han repartido el área de abogacía de KPMG, el bufete Ramón y Cajal Abogados y la británica Simmons & Simmons.
Los principales mercados en los que la empresa pública ha centrado sus exigencias son aquellos donde ya tiene presencia. Es el caso de República Checa y Eslovaquia, países en los que presta servicio su participada Leo Express; y el eje báltico formado por Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, donde Renfe es el 'operador en la sombra' de Rail Baltica, el proyecto de tren de alta velocidad que unirá estos cuatro países. Para cubrir jurídicamente estos seis países, la operadora ha elegido a KPMG Abogados a cambio de 600.000 euros (IVA excluído).
Otro de los lotes se destina a cubrir la asistencia jurídica en el país donde ya presta servicios internacionales, Francia, y a sus dos vecinos Alemania y Bélgica, a los que también tiene aspira a llegar una vez supere el hito de poner sus trenes en París. Para vigilar estos mercados ha optado por los servicios de Ramón y Cajal Abogados y Simmons & Simmons, dos despachos que se repartirán otros 600.000 euros.
El tercer gran mercado al que aspira a entrar es el Reino Unido, donde tenía en marcha un proyecto en alianza con Grand Union Trains para operar trenes entre Londres y Carmarthen (Gales), que sin embargo, se enfrió durante el año pasado hasta el punto de acabar siendo desechado. Para supervisar este mercado y el de Irlanda, Renfe también ha alcanzado sendos acuerdos con Ramón y Cajal Abogados y Simmons & Simmons por un importe similar al del anterior lote.
Vigilancia de potenciales mercados
Pero el nuevo marco de juego del mercado ferroviario, que ha pasado a jugarse en las vías europeas con la liberalización, ha hecho que la compañía pública tenga que estar vigilante a lo que pueda suceder en el resto del continente. Para ello, ha dejado en manos de KPMG y Ramón y Cajal Abogados la asesoría jurídica de todos los aspectos que puedan ser de su interés en Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, por 400.000 euros; y en Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumanía, Hungría y Eslovenia, por 100.000 euros más.
Por último, dedicará otros 200.000 euros a contratar los servicios de Ramón y Cajal para hacer seguimiento jurídico a los mercados italiano y portugués. La entrada a las vías portuguesas es otro de los hitos que ambiciona la directiva de la compañía pública, dada la cercanía geográfica y la falta de competencia en el país vecino, cuyos ferrocarriles continúan en manos de la estatal Comboios de Portugal (CP).
Este contrato, diseñado como un acuerdo marco entre partes, contempla servicios de asesoramiento jurídico integral, "desde más básico en consultas sencillas hasta asuntos de gran complejidad que requieran un alto nivel de especialización". Cubrirá todas las ramas del derecho, tanto público como privado, y Renfe busca una especial asesoramiento en las materias mercantil, tributaria, administrativo y laboral. Quedan excluidos los servicios de defensa letrada en juicio y procedimientos arbitrales.