La OPA de Talgo queda a la espera de que el grupo húngaro Magyar Vagon reciba luz verde de las entidades financieras que controlan la deuda de la fabricante ferroviaria. Así lo ha comunicado Ganz-MaVag Europe Zrt., la sociedad promotora de la operación, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado enviado a última hora del viernes.
El holding magiar ha admitido que está en conversaciones para formular una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones del fabricante de trenes a un precio de 5 euros por acción, "sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo ni se haya tomado una decisión definitiva al respecto".
Para que esta operación pueda culminarse, las entidades financieras deberán dar luz verde al cambio de control de la compañía. A cierre del ejercicio 2022, Talgo tenía formalizados con los bancos préstamos susceptibles de vencimiento anticipado en caso de cambio de control de la compañía por valor de 227 millones de euros.
En caso de que los bancos decidan ejecutar anticipadamente los vencimientos de deuda, el grupo húngaro tendría que hacer frente al pago de esta cantidad, lo que elevaría el coste total de la operación al entorno de los 860 millones de euros. "Según nos ha trasladado la CNMV, no permite someter la oferta a la condición de la obtención del consentimiento de las entidades financiadoras por el cambio de control", señalan en el comunicado.
Levantará la suspensión el lunes
Nada más hacerse público el comunicado de Magyar Vagon, la CNMV ha anunciado que levantará la suspensión de las acciones de Talgo aprobada este jueves tras filtrarse la noticia de que la OPA era inminente. En concreto, el regulador bursátil ha aprobado "levantar, con efectos de las 08:30 h. del lunes 12 de febrero de 2024, la suspensión cautelar acordada el 8 de febrero de 2024, de la negociación (...) de las acciones de Talgo, S.A.". La decisión obedece a la puesta a disposición "de información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión", después de considerar que hasta ahora, Talgo estaba reteniendo información privilegiada.
La indemnización de Renfe, en el aire
A las exigencias de los bancos hay que sumar la posible indemnización a reclamar por uno de los principales contratistas de Talgo, la operadora pública española Renfe, que tras constatar los retrasos en la entrega de sus nuevos trenes de la serie 106, conocidos como 'Avril', amenazó con aplicar las cláusulas de penalización fijadas en el contrato suscrito entre ambas partes en 2016. El primer cálculo de estas penalizaciones ascendería a 116 millones de euros de los 1.495,4 millones en los que se cerró la compra.
La firma de los Oriol alegó causas exógenas "de fuerza mayor" para justificar las demoras, que fueron notificadas "en el transcurso del proyecto". Entre ellas, citaba "caídas en la producción e interferencias en la cadena de suministro generadas por la Covid-19 y otros eventos geopolíticos". En los últimos meses, Renfe ha formalizado varios contratos de peritaje para "asesoramiento y análisis de incumplimientos contractuales". Tanto Renfe como Talgo mantienen vigente un pacto de silencio según el cual ambas compañías evitan comentar nada sobre el pedido hasta que se entregue de forma definitiva.