Airbnb mantiene desde hace varios años un pulso con la Justicia italiana después de que en junio de 2021 impusiera a los proveedores de servicios de intermediación en línea y a los proveedores de motos de búsqueda en línea —entre los que se encuentra la compañía de apartamentos turísticos— la obligación de inscribirse en el registro de operadores de comunicaciones. Una decisión que no gustó a Airbnb, con sede en Irlanda, y decidió impugnar la totalidad de esas obligaciones ante los tribunales italianos.
Ahora, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pone del lado de la compañía de apartamentos turísticos y alega que un Estado Miembro no puede imponer obligaciones generales y abstractas a un proveedor de servicios en línea que opera en su territorio pero que está establecido en otro Estado miembro, Irlanda en este caso.
"Las obligaciones establecidas por la normativa italiana no constituyen medidas de aplicación del Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea. En consecuencia, las citadas medidas no están justificadas", explica el abogado general de la Unión Europea. Este medio se ha puesto en contacto con Airbnb que ha declinado hacer declaraciones al respecto.
Las obligaciones que quiere imponer Italia a Airbnb no tienen tanto que ver con su negocio turístico, sino con su negocio digital. El Estado italiano quiere regular los proveedores de servicios de intermediación en línea, donde se incluye desde Airbnb o Experia hasta Amazon y los motores de búsqueda como Google.
Según la ley italiana, estas compañías tienen la obligación de inscribirse en el registro de operadores, compartir con él datos corporativos e informar periódicamente de cualquier cambio y además pagar una contribución financiera anual. Las empresas que no cumplan esta serie de requisitos se exponen a sanciones.
Algunas grandes compañías de internet en Italia impugnaron estas obligaciones ante el Tribunal Administrativo Regional de Lazio en 2021, sosteniendo que eran contrarias al derecho de la UE. Teniendo dudas sobre la compatibilidad con el derecho de la UE del régimen en cuestión, en 2022 el juez administrativo italiano decidió presentar una solicitud de decisión preliminar a la Corte de Justicia de la UE. Los casos se han agrupado, lo que significa que la opinión del Abogado General afecta a todas esas empresas.
Italia es, de hecho, uno de los países que más limitaciones quiere poner a Airbnb. Florencia tomó la decisión de prohibir los nuevos alquileres residenciales de corta duración en el centro histórico con el objetivo de intentar liberar más viviendas para los habitantes de la ciudad. "Los 40.000 florentinos que viven en el centro se quejan de encontrarse, de repente, viviendo en apartahoteles", denuncia Dario Nardella, el alcalde de Florencia. Además, asegura que el número de estos apartamentos se ha incrementado con el paso de los años pasando de 6.000 en 2016 a cerca de 14.380 en la actualidad.
Pero la ciudad italiana no está sola. A principios de septiembre, Nueva York tomó una decisión muy similar y prohibió alquilar apartamentos para estancias menores a 30 días. Solo podrán sacarse al mercado siempre y cuando el arrendador viva en el apartamento y esté presente durante la estancia de los visitantes, que no podrán ser más de dos al mismo tiempo.
En España, Barcelona es pionera. Ada Colau aprobó durante su mandado el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) para ordenar los alojamientos turísticos que, entre otras cosas, impide abrir nuevos establecimientos en las zonas más tensionadas. Según datos de Exceltur, la patronal del turismo, en 2017 cuando entró la normativa había 92.592 viviendas de uso turístico y dos años después se habían reducido hasta las 84.299.