Pilló de sorpresa a propios y extraños. Óscar Puente estrenó su cartera de proyectos propios antes incluso de cumplir su primer mes en el cargo, y lo hizo anunciando la ampliación del Puerto de Valencia con una nueva terminal valorada en más de 2.000 millones de euros que se convertirá en la mayor inversión de la historia en una instalación portuaria en España.
El ministro de Transportes rompió la baraja anunciando el desbloqueo de esta instalación, cuyo debate había sido aplazado desde abril por la falta de consenso político con los socios valencianos del PSOE, tanto Compromís como Podemos, que hasta el pasado mayo sostuvieron los gobiernos de Ximo Puig. Quizás por esa razón, tanto el PP como los empresarios valencianos brindaron por el anuncio junto a Puente.
Puente no oculta su satisfacción por sacar adelante la licitación de esta gran obra, y así lo expresaba este viernes en un encuentro con el sector del transporte por carretera en Madrid: "Ayer fue una jornada feliz para el empresariado español. La ampliación del puerto de Valencia estaba bloqueada, y creo que había que desbloquearla. Va en beneficio de todos, también para la carretera".
El exalcalde de Valladolid muestra así su compromiso con uno de los propósitos que se marcó en su investidura como Ministro, cuando aseguró que "estaba en política para hacer, no para estar". Anticipa así una forma de hacer política que se extenderá a otros conflictos abiertos a lo largo y ancho de la geografía nacional, principalmente de infraestructuras sensibles o con afección para la ciudadanía.
"Había que hacer, tomar una decisión, y la tomamos. El diálogo va a estar presente en el día a día del Ministerio, espero que las decisiones sean consensuadas, pero a veces no hay posibilidad de ello, y llegado el caso toca decidir", alegó, en relación a las disputas políticas que han frenado este proyecto.
El propio Puente reconocía que el desbloqueo del proyecto se ha ejecutado sin tener en cuenta la sensibilidad de los socios del Gobierno: "Ayer fue el ejemplo. Hubo diálogo con sectores afines al Gobierno, pero hubo que tomar la decisión y tirar para adelante".
Los representantes de Compromís integrados en la coalición Sumar, socio de gobierno, han mostrado su oposición al tema y anticipan que mantendrán su postura contra el proyecto. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz aseguran a elEconomista.es que la negativa se elevará hasta la deliberación del Consejo de Ministros, que es secreta, aunque todas las partes asumen que saldrá adelante, puesto que es un proyecto en manos de un departamento del PSOE que sólo requiere ser licitado.
