Barcelona
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) sostiene que el nuevo Decreto ley 3/2023 que regula las viviendas de uso turístico en Cataluña "no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación del mercado". La institución señala que las nuevas restricciones "no son idóneas o apropiadas" para la consecución del objetivo final: facilitar el acceso a la vivienda.
Y es que la nueva ley, pendiente de ser aprobada por el Parlament, obligará a los propietarios a pedir una licencia previa a los Ayuntamientos de los 262 municipios a los que afectará. Este certificado deberá renovarse cada cinco años.
Antes, los consistorios estarán obligados a modificar sus planes urbanísticos para incluir de manera expresa la posibilidad de implementar pisos turísticos con la justificación de que tienen suelo para vivienda. Habrá un máximo de 10 licencias por cada 100 habitantes.
La ACCO admite que existe un interés general legítimo, pero lamenta que este Decreto ley no supera el análisis de idoneidad realizado. A su juicio, se trata de "una restricción muy grave de una actividad económica que, más allá de un amparo formal en una razón imperiosa de interés general, no ha sido objeto de una evaluación suficientemente rigurosa".
El regulador considera que, en lugar de esta nueva licencia, la medida más optima sería tratar de incorporar las viviendas vacías al mercado del alquiler "a través de determinados estímulos fiscales".
El sector pide "más rigor" al Govern
Tras conocer el informe, la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) ha reclamado "más rigor" al Govern para que se pueda impulsar una regulación, textualmente, eficiente, en un comunicado este miércoles. La entidad ha destacado que según el informe de la ACCO, las restricciones pueden comportar "en el caso más extremo, la desaparición total y absoluta de esta modalidad de alojamiento" en algunos municipios.
El presidente de Federatur, David Riba, ha asegurado que los datos del estudio "demuestran que la regulación que pretende el Govern es un abuso que pone en peligro a miles de pequeñas y medianas empresas".