
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calificó de "interesante y oportuna" la iniciativa lanzada por el Gobierno de Navarra de comenzar a cobrar próximamente peajes a los camiones por el uso de las autovías que discurren por la comunidad.
Así lo manifestó durante una intervención en el Senado, donde defendió que se trata de una propuesta "valiente y necesaria" para la financiación de las carreteras en España, en línea con la Ley de Movilidad Sostenible que el Gobierno central ya ha puesto en marcha.
En el marco de sus competencias, el Gobierno de Navarra ya desechó la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de implantar peajes generalizados para todos los usuarios, incluyendo turismos, pero sí adelantó que, antes de que acabe este mismo año o a principios de 2023, implementaría de forma progresiva nuevos peajes en las vías de alta capacidad para el tráfico pesado, es decir, para los camiones.
La senadora de Navarra Suma, Ruth Goñi, lamentó la medida anunciada por el Gobierno de María Chivite (Psoe)-que en breve constituirá una nueva empresa pública (Nafarbide) para gestionar esos nuevos peajes a camiones-, criticando que se haya hecho sin el sector.
"El Gobierno de Navarra dice que los peajes son la única opción realista para afrontar las inversiones que necesitan las carreteras; Navarra es la comunidad con mayor nivel de impuestos, pero no llega para mantener las carreteras. El Gobierno foral no se plantea recortar el gasto público, ni reducir su tamaño, ni el de su gigantesca Administración,, ni cerrar chiringuitos, no; al contrario, en verano crearán un chiringuito", señaló Goñi.
En su respuesta, Raquel Sánchez defendió la medida anunciada en la comunidad foral: "Entendemos que el Gobierno de Navarra, en el ejercicio de sus competencias, está planteando ese mismo modelo, y debo decirle que nos parece una iniciativa interesante, oportuna, necesaria y, desde luego, valiente".
Contrario a los transportistas
En el resto de España, sin embargo, el Gobierno central acordó en varios encuentros con los transportistas que negociará con el sector cualquier implementación de peajes, si bien la hoja de ruta comprometida con Bruselas apunta al pago por uso para todos a partir del año 2024 en todas las autovías.
En el acuerdo firmado en diciembre entre el Gobierno y las asociaciones de transportistas, en el que se incluyeron 20 medidas para terminar con las protestas del sector, se negoció no intervenir el mantenimiento de la red de carreteras sin un consenso y ajustándose a la coyuntura actual.
De esta forma, uno de los puntos del acuerdo proclama que, antes de aplicar ningún cambio, se deberá "presentar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. Recogiendo la necesidad del amplio consenso social y político necesario, incluyendo al CNTC, y ajustándose a las circunstancias económicas", reza el documento.