Madrid
La política intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez en las grandes operaciones corporativas de las empresas españolas en los últimos cinco años ha dado muestras hace solo unos días de hasta dónde puede llegar el Ejecutivo. La autorización a la fusión entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que no se produzca esta integración durante los tres próximos años ha sido la última vuelta de tuerca a una estrategia que añade el nombre de los bancos a un listado de expedientes en los que figuran nombres de compañías de la talla de Telefónica, Talgo, Naturgy e Indra.
Los requisitos impuestos al banco que preside Carlos Torres suponen una barrera que pone en duda la viabilidad de la operación. Analistas del mercado han sugerido que la entidad compradora debería retirar la oferta ante la decisión del Ejecutivo, que ha impuesto además la obligatoriedad de mantener durante el mismo plazo el patrimonio de ambos bancos separados y no acometer ningún despido con motivo de la operación. A ello se suma las reglas marcadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que, tras analizar la operación en profundidad, determinó que el banco resultante debería mantener oficinas en determinadas localizaciones o el acceso a los cajeros durante 18 meses.
Así, el plácet de Moncloa se ha convertido de esta forma en una ventanilla cada vez más recurrente para obtener el visto bueno a una operación que implique un cambio de control. El Consejo de Ministros del Gobierno ya ha llegado directamente a vetar una operación como la de la ferroviaria Talgo y el grupo húngaro Magyar Vagon bajo el pretexto de que la entrada del grupo extranjero en el capital colisionaba con la seguridad nacional y el orden público. Detrás de la oposición de Moncloa se encuentra supuestamente la participación del Ejecutivo de Viktor Orbán en el consorcio ofertante a través del fondo estatal Corvinus.
Los casos de las grandes causas se reflejan en algunos indicadores como los de la inversión extranjera directa y del escudo anti-opas, un recurso utilizado por el Gobierno que ha tomado cada vez más relevancia en los últimos años. De acuerdo a los últimos datos divulgados por el Ministerio de Economía, en 2024 se recibieron en total 167 solicitudes de autorización previa en aplicación de este instrumento y se autorizaron el 63% de estas operaciones por parte de la Junta de Inversiones Extranjeras (JINVEX). El porcentaje es el más bajo de los tres últimos años. El resto de peticiones han sido archivas (31%), condicionadas (6%) o directamente no autorizadas (1%).
El otro gran episodio reciente de intervencionismo se ha dado en Telefónica. Fue Manuel de la Rocha, secretario de Estado de Asuntos Económicos y hombre de confianza de Sánchez, quien comunicó al ya expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, su cese. Valiéndose de su 10% de participación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Moncloa impuso la figura de Marc Murtra como máximo responsable de la compañía de telecomunicaciones. El ejecutivo se ha encargado a su llegada de ir imponiendo su propia hoja de ruta, acompañada de una batería de nombramientos, entre ellos el de Carlos Sánchez de Ocaña, coautor junto del libro basado en la tesis doctoral de Sánchez, como vicepresidente de la compañía.
Y es que la Sepi ha sido en más de una ocasión el brazo ejecutor del Gobierno en grandes corporaciones. En Indra ha llegado a alzarse como primer accionista (28%) e imponer así su orden junto a aliados como los hermanos Escribano, el fondo Amber o SAPA. La afinidad de todos ellos se ha traducido en una investigación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dilucidar si actuaron de forma concertada.
Prisa tampoco ha escapado del punto de mira del Gobierno. A través de Óscar López, jefe de gabinete de Sánchez, y según adelantó la prensa francesa, el Gobierno se reunió con Arnaud de Puyfontaine, presidente de Vivendi, para solicitarle que vendiese su paquete de títulos en el editor del diario El País y la Cadena SER. Al otro lado de la mesa como compradores estarían un grupo de empresarios afines a Moncloa representados por la sociedad Global Alconaba, sociedad que irrumpió en el capital del grupo mediático en 2022.
Otros expedientes: Grifols, Ferrovial o Naturgy
Las decisiones de intervención del Gobierno han sido advertidas en distintas ocasiones sin ningún efecto. Algunas por el simple devenir de los hechos, como sucedió en Grifols. Ante la posibilidad de que el fondo canadiense Brookfield lanzase una oferta pública de adquisición (opa), el ministro de economía, Carlos Cuerpo, aseguró que el Gobierno tendría "algo que decir", pues la firma de hemoderivados subrayó que la compañía forma parte de un sector "clave" para el país.
En otras ocasiones, el Ejecutivo no ha podido intervenir pese a intentarlo. Sucedió en 2023, cuando la constructora Ferrovial anunció el traslado de su sede fiscal a Países Bajos para dar el salto posteriormente a Wall Street. El anuncio le costó a la compañía la amenaza de no aplicar la neutralidad fiscal y descalificaciones del propio Sánchez hacia Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Finalmente, las aguas se calmaron y, 'para más inri', se desveló que la CNMV ya había notificado al Gobierno que el salto de Ferrovial a EEUU era únicamente "más breve y simple" desde el país europeo.
El carácter estratégico de Naturgy ha sido también argumento constante del Gobierno ante los distintos movimientos empresariales que han rodeado a la gasista en los últimos tiempos. En 2021, Moncloa impuso ocho condiciones al fondo australiano IFM en su opa sobre la compañía y recientemente amagó con volver a repetir la jugada si el gigante emiratí Taqa irrumpía en el accionariado.