Bilbao
MásOrange, la compañía resultante de la fusión de MásMóvil y Orange, sigue adelante con su ERE después de que la Audiencia Nacional haya avalado la existencia de "causas económicas" para justificar los 650 despidos anunciados. Eso sí, la mayor compañía de telecomunicaciones de España ha tratado de reducir el alcance de este expediente de regulación de empleo y, finalmente, ha excluido a 41 personas de él, por lo que afectará a un total de 609 trabajadores, de los que, de aquí al 30 de junio, únicamente quedan por salir 21.
Durante las intensas negociaciones que la compañía dirigida por Meinrad Spenger ha mantenido con los representantes sindicales, el recorte finalmente se ha saldado con 465 personas de la plantilla adheridas al ERE voluntariamente, 152 de ellas en la modalidad de prejubilación, y 144 afectados de forma forzosa.
No obstante, este polémico ERE de índole nacional también ha tenido repercusión en Euskadi, ya que dos de las seis empresas afectadas, Orange Espagne (OSP) y Euskaltel cuentan con sede en el territorio vasco. En este sentido, la dirección ha despedido a una persona de la plantilla de Orange Espagne del País Vasco y a 86 trabajadores de Euskaltel, cuyos contratos se han ido rescindiendo entre noviembre del año pasado y el presente mes de abril, si bien, según ha podido averiguar este medio, en la firma vasca no va a haber más salidas forzosas a raíz de este expediente.
Aunque el pasado mes de enero, USO y CCOO impugnaron este ERE ante la Audiencia Nacional, esta institución acaba de desestimar su demanda. Ambos sindicatos solicitaban declarar nulo este despido colectivo, esgrimiendo que las trece mercantiles de MásOrange, incluyendo las seis que se ven afectadas por esta medida (Orange Espagne (OSP), OsFI, R-Telecable, Euskaltel, Lorca y Xfera Móviles), "no forman un grupo de empresas a efectos laborales". Sin embargo, la Audiencia Nacional considera precisamente lo contrario.
Causas económicas "justificadas"
Los magistrados defienden que dichas mercantiles constituyen "un grupo de empresas con una dirección común, organización de la prestación de servicios con carácter unitario, aplicación de políticas conjuntas en distintos ámbitos, contabilidad centralizada en la presentación de cuentas consolidadas y organización de la actividad siguiendo patrones comunes para las trece sociedades".
Asimismo, descartan "mala fe" en la negociación, como así alegaban los sindicatos, y aluden a la voluntad de la compañía a que se ampliara el plazo de adscripciones voluntarias. Por último, la Audiencia Nacional señala que sí existen causas económicas que justifiquen este despido colectivo, basándose en los resultados económicos negativos de 2021, donde figuran pérdidas superiores a los 400 millones de euros, y que afectaron a las seis empresas en las que se decidieron los despidos.
Ahora, USO y CCOO disponen de 30 días para analizar la sentencia de 60 páginas emitida por la Audiencia Nacional y no descartan presentar recurso, ya que "no se ha tenido en cuenta el informe del Ministerio Fiscal que solicitaba la nulidad del ERE por una negación de derechos fundamentales ni la consideración de la Inspección de Trabajo de que no existe grupo laboral", según aseguran fuentes sindicales a El Economista.