Madrid
Telefónica está pendiente de conocer dos resoluciones de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) susceptibles de reportar a la compañía ingresos extraordinarios de hasta 1.600 millones de euros. El primero de ellos consiste en un contencioso de la teleco con el Gobierno de Perú, con una sanción estimada en 1.112 millones de euros, incluidos los intereses de más de 20 años de demora.
Este fallo del organismo dependiente del Banco Mundial, previsto inicialmente para el primer trimestre de este año, podría coincidir con la resolución de otro proceso que enfrenta al grupo español con Colombia, en un arbitraje cuya sanción para el gobierno de la república prevé rondar los 500 millones de euros, igualmente entre sanción y pago de intereses.
Desde hace más de tres años, el Ciadi analiza la reclamación interpuesta por Telefónica -a través del bufete de abogados Uría Menéndez- contra el estado peruano por posibles daños y perjuicios fiscales en aquel país, debido a decisiones que presuntamente violan el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, en concreto, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Perú (APPRI).
Entre otras disquisiciones, el árbitro Luca G. Radicati afronta la recta final para valorar si el estado peruano incurrió en arbitrariedades o discriminaciones contra Telefónica, así como valorar el cumplimiento público de "no expropiar sin ofrecer compensaciones a los afectados", según indican fuentes conocedoras del caso.En el arbitraje de Colombia, el Ciadi registró el pasado diciembre de 2024 la solicitud de anulación del laudo presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Bogotá (Colombia).
De acuerdo con el procedimiento ordinario, el secretario general Interino del organismo notificó a las partes la suspensión provisional de la ejecución del laudo. Es decir, con este movimiento del gobierno colombiano, el proceso queda suspendido sin un plazo definido, aunque fuentes jurídicas estiman que la resolución debería conocerse a lo largo de los próximos meses. En noviembre de 2024, el organismo con sede en Washington, D.C. resolvió que Colombia había incumplido con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica.
El motivo de fricción consistía en la devolución al Estado colombiano del valor del espectro radioeléctrico que fue adjudicado a Telefónica hace más de 30 años. Sin embargo, en diciembre de 2024, un mes después del fallo favorable a Telefónica, la República de Colombia recurrió al Ciadi para dejar en el aire una compensación de 380 millones. A ese importe se suma el pago de intereses de siete años de contencioso, con un tipo del 5% anual, equivalente a 120 millones, así como las costas judiciales, próximas a 22 millones de euros.