Madrid
Telefónica arranca el concurso de acreedores en Perú, una de las filiales de Hispanoamérica que más dolores de cabeza ha dado al grupo de telecomunicaciones. La compañía presidida por Marc Murtra ha trazado ya su estrategia y ha presentado un recurso en el Tribunal de Quiebras del Sur de Texas (Estados Unidos) con carácter de urgencia para acogerse al capítulo 15 (quiebras transfronterizas) y protegerse así de una posible ejecución de sus acreedores internacionales, de acuerdo a la documentación consultada por 'elEconomista.es'.
La compañía, que ya ha recibido el visto bueno a esta petición, remite en su escrito que inicia este proceso con la esperanza de revertir la mala situación y que "la solicitud de concurso no busca la quiebra de la empresa ni su liquidación". Los asesores con los que está trabajando para este cometido son el despacho internacional White & Case por el lado legal y la firma de servicios profesionales Kroll Advisory.
Como resultado del inicio del procedimiento en Perú, Telefónica "se ha vuelto vulnerable a posibles acciones adversas de acreedores en los Estados Unidos", añaden la empresa en su escrito, que concreta que esta iniciativa podría ser abanderada por los tenedores de los 1.700 millones de soles peruanos emitidos en el año (aproximadamente 433 millones de euros al cambio actual) en una colocación de bonos que fue calificada como histórica.
Si Telefónica se viese obligado a defenderse contra los potenciales litigios iniciados por estos acreedores, añade en el escrito, tendría que "desviar fondos y esfuerzos" que de otro modo no se emplearían "en negociar una reorganización exitosa en Perú". Este bono tiene fijados vencimientos hasta 2027, siendo este año el primero en el que se debe desembolsar un pago de 567 millones de soles peruanos (144 millones de euros), según la información divulgada por la empresa. Por todo ello, la compañía pide acogerse al capítulo 15 de manera cautelar y urgente para protegerse "contra posibles acciones de los acreedores dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos".
Toda la deuda de Telefónica en Perú asciende a 5.916 millones de soles peruanos (1.510 millones de euros) a cierre del último trimestre del año pasado. La comparación refleja cierto alivio financiero por la disminución en otros pasivos y otras cuentas por pagar, además de la capitalización de deuda intragrupo por parte de Telefónica Hispam, la matriz de todos los negocios en Latinoamérica.
La petición del capítulo 15 en Estados Unidos, un recurso al que se han acogido otras compañías españolas en el pasado cuando han atravesado dificultades financieras -Abengoa, por ejemplo-, discurre en paralelo a la tramitada en Perú, donde el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a través de la Comisión de Procedimientos Concursales, está revisando el expediente de la compañía de telecomunicaciones para determinar si el procedimiento ordinario es legalmente válido y si se han cumplido todos los requisitos de elegibilidad.
Los gestores de la filial peruana de Telefónica han dejado claro tanto a los inversores como acreedores de la compañía que el proceso de reestructuración anunciado el pasado 14 de febrero no implica "una liquidación ni mucho menos una quiebra". En su lugar, el objetivo de la compañía consiste en ganar capacidad para seguir trabajando con los acreedores y así "servir a Perú, proteger a sus colaboradores, fortalecer su posición financiera y procurar la sostenibilidad del negocio".
Pendientes de la junta del 17 de marzo
La junta directiva de Telefónica del Perú tiene previsto celebrar el próximo 17 de marzo una Junta de Accionistas en la sede de la compañía en Lima para informar a todos los propietarios de la compañía sobre el proceso de entrada en concurso. El mismo encuentro se presume tenso debido a la crisis de la filial peruana. En esa cita también se abordará la elección del auditor externo para el ejercicio 2025, así como la retribución anual del equipo de directores del operador.