Telecomunicaciones

¿Quién paga los despidos en Telefónica y por qué tendrá que compensar al Estado?

Sede de Telefónica. Foto: David García/eE

El anuncio por parte de Telefónica de la puesta en marcha de un plan de despido colectivo en sus tres divisiones (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) que podría alcanzar a miles de afectados resucita las dudas sobre el coste que este proceso tendrá sobre las arcas públicas. No en balde, el anterior proceso de este tipo que lanzó la compañía en 2011 llevó al Gobierno a cambiar la ley para obligar a las empresas que hagan despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años a compensar al Estado por el coste en prestaciones y subsidios.



Muchas dudas persisten sobre los motivos por los que la compañía, que registra beneficios y lleva una década lanzando programas de bajas incentivadas para reducir la plantilla, opte ahora por acometer un despido colectivo, anteriormente conocidos como Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Lo que está claro es que el número de trabajadores despedidos generará un coste en prestaciones y subsidios por desempleo. Ahora bien, ¿hasta qué punto deberá Telefónica pagar por ello?

La clave es el número de trabajadores mayores de 50 años afectados. En 2011 la compañía que entonces presidía César Alierta lanzó un ERE que afectó a 6.500 trabajadores, mayoritariamente a partir de esa edad. El Gobierno socialista montó en cólera (el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llegó hablar de la 'cultura de la prejubilación') y prometió que la compañía asumiría el coste para las arcas públicas.

Pero de las palabras a la realidad el camino era complejo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no puede negarse a pagar estas prestaciones ya que son derechos generados por los trabajadores. El Gobierno tuvo que buscar una vía, que consistía en que una empresa con beneficios que despida a mayores de 50 años compense parte de este gasto mediante una "aportación económica" al Tesoro Público.

Esta medida se incuyó en disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011 de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, apobada por el Gobierno de José Luis Rodrígeuz Zapatero, pero no se aplicó inmediatamente. Hubo que esperar a finales de 2012 para que se aprobara el desarrollo reglamentario necesario, ya con el Partido Popular en el poder. .

Dicha compensación se aplica a las empresas con más de 100 empleados y se calcula según un tipo que variaría en función del número de trabajadores de más de 50 años, el importe de sus prestaciones, el porcentaje que suponen sobre el total de despedidos y el tamaño total de la plantilla. Solo se excluyen del cálculo los trabajadores que hayan sido recolocados en la misma u otras empresas en los seis meses posteriores al despido (un añadido fijado por el PP).

La 'cláusula Telefónica' benefició a Telefónica

El retraso en la puesta en marcha de la mdida llevó a la paradoja de que la denominada 'cláusula Telefónica' apenas afectó a esa compañía. E incluso se puede decir que la benefició.Y es que la compañía ya se había comprometido con el Ministerio de Trabajo en 2011 a compensar con 350 millones de euros al Estado por el gasto en prestaciones por desempleo de los afectados por su ERE, que entonces se estimaba en 6.500.

Pero ello no impide que la cantidad finalmente abonada se viera afectada a la baja por el nuevo cálculo legal. A finales de 2021 se habían ingresado 305 millones, pese a que los afectados acabaron siendo 6.830, 300 más de lo anunciado inicialmente, según revelan los datos del SEPE.

Tras este acuerdo, Telefónica cambió de estrategia y optó por las bajas, es decir, dimisiones incentivadas para recortar plantilla de los trabajadores de mayor edad (y salarios más altos). En la última década el grupo ha reducido su plantilla en 11.300 puestos gracias a estos programas.

Por ello sorprende el cambio de timón de la compañía, cuyo alcance en número de trabajadores sigue siendo una incógnita. Los sindicatos hablan de 2.500 trabajadores, aunque la horquilla se mueve entre los 1.600 y los 5.000. Lo que parece fuera de toda duda es que afectará principalmente a trabajadores de más de 50 años.

Una de las explicaciones puede estar en que los programas de bajas incentivadas no son tan rentables como en el pasado, debido al envejecimiento de las plantillas y a que ya se han ido aquellos trabajadores con mayores sueldos. Esta tendencia a pasar de prejubilaciones clásicas a despidos también se aprecia en otras empresas, tal y como contó elEconomista.es.

¿Puede impedirlo el Gobierno?

El Gobierno aún no ha hecho valoraciones, pero su capacidad de interferir es muy limitada, por no decir nula. Un despido colectivo como el que plantea Telefónica es perfectamente legal como lo era en 2011, siempre que la compañía acredite correctamente causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen. Aunque presente beneficios.

La diferencia con respecto 2011 es que entonces los despidos colectivos tenían que contar con una autorización administrativa de la autoridad laboral competente. De ahí el nombre de Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Un 'permiso' que la compañía obtuvo sin problemas, pese a las críticas del Ejecutivo.

Este trámite desapareció con la reforma laboral de 2012 (de ahí que ya no sea técnicamente correcto llamar ERE a un despido colectivo), si bien fue esa misma norma la que desarrolló la 'cláusula Telefónica'. Como ya hemos explicado, la compañía ya había pactado el grueso de su compensación con el anterior Gobierno y la legislación previas a la reforma del Mariano Rajoy.

Aunque el Gobierno actual no ha recuperado la autorización administrativa previa, sí ha reforzado el papel de la Inspección en los procedimientos, sobre todo a la hora de verificar las causas. Esto se introdujo en la Ley de Empleo, mediante una enmienda entre PSOE, Sumar y Bildu y sus implicaciones no quedan claras.

Los laboralistas consideran que, aunque no se veten los despidos colectivos, un informe de la inspección desfavorable puede llevar a una sentencia judicial que incluso llegue a anular el procedimiento. Ahora bien, esto depende de que no haya acuerdo y los trabajadores recurran los despidos. Por ahora parece un riesgo lejano para la compañía, aunque puede planear sobre los trabajos de las mesas de negociación para conseguir un pacto.

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