Las deficiencias en los servicios de conectividad de los operadores no quedarán archivados en el cajón de los lamentos sino que estarán sometidos al arbitrio, supervisión y control del regulador del mercado de las telecomunicaciones. En ese empeño, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá en las próximas semanas una tarea que hasta ahora desempeñaba el Ministerio de Asuntos Económicos: la supervisión de la calidad de servicio de las 'telecos'.
Pero no sólo velará por el control del correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas, sino que exigirá a los operadores de telefonía que cumplan con los parámetros de calidad acordados. Los resultados de esas auditorías se medirán y publicarán en un estudio de periodicidad bianual, realizado por la CNMC, donde se incidirá con especial atención en la calidad de los servicios en el ámbito rural.
Ante esta nueva tarea de la CNMC, el organismo ha convocado una consulta pública por la que invita a todos los interesados a pronunciarse sobre los aspectos que consideren relevantes, con respuestas y aportaciones que deberán realizarse antes del próximo 25 de noviembre de 2022.
Usuarios con discapacidad
En adelante, la CNMC podrá exigir a los operadores de telefonía y de Internet la publicación de "información completa, comparable, fiable, de fácil consulta y actualizada" sobre la calidad de sus servicios destinada "a los usuarios finales, en la medida en que controlan al menos algunos elementos de la red y sobre las medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios con discapacidad".
Asimismo, la CNMC podrá requerir de los operadores que informen a los consumidores en caso de contingencias que afecten a la calidad de los servicios que suministran, en el supuesto de que dependan de factores externos, como el control de la transmisión de la señal o la conectividad de red.
Además, el regulador tendrá que velar para que la facturación que reciben los usuarios esté libre de errores por parte de los operadores. Según se desprende del texto de la consulta pública, los operadores sujetos a la supervisión serán aquellos que facturen más de 20 millones de euros en la prestación de sus servicios de telefonía o acceso a Internet, ya sea fijo o móvil, lo que inicialmente afecta a las marcas Lycamobile, Jazztel, Lebara, Euskaltel, Movistar, Orange, R, Yoigo, Simyo, Telecable, Vodafone, Pepephone, Masmovil y DIGI, según los criterios de 2014. Delas enseñas referidas, tras el proceso de consolidación del sector de los últimos años, todas ellas pueden agruparse en cuatro grupos: Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil.
En el mismo documento se explica que el Plan de Actuaciones de la CNMC para los años 2021-2022 contempla la elaboración de una herramienta de medida y un portal de Open Data para ofrecer a los usuarios información de la calidad de servicio de las conexiones de banda ancha. Los costes derivados de la obtención de datos los sufragarán los operadores de telecomunicaciones.
