La organización representativa de los taxistas en España, Fedetaxi, ha celebrado este jueves, 6 de abril, su Asamblea General Ordinaria, en la que además de debatir sobre la situación del sector, ha lanzado una batería de medidas para frenar a plataformas como Uber y Cabify, "eje central de esta reunión".
La organización defiende que contribuye a Hacienda con más de 1.000 millones de euros por las diferentes figuras impositivas que le son aplicables, contribución que está amenazada por las nuevas formas de transporte.
Ante esto Fedetaxi cree necesario la introducción de una serie de reformas regulatorias en favor del servicio público que "redundará en una mejora del derecho a la movilidad de nuestros ciudadanos y por ende en su calidad de vida, como usuarios del transporte". Por ello, propone implementar las siguientes 10 medidas:
1. Puesta en marcha de una Plataforma Digital de carácter público a nivel estatal para la solicitud de taxis que refuerce la calidad y competitividad de este servicio público, favoreciendo a todos sus usuarios y, en especial, enfocado al turismo como sector estratégico.
2. Establecimiento de un marco para la implementación de Planes de Ayudas al Abandono de la Profesión de Taxista de financiación mixta (público-privada) por el que se compense económicamente a los taxistas que aúnen prejubilación y cese en la actividad, como medida reconversión sectorial y apoyo social a este colectivo de más de 70.000 autónomos, semejante al que ya disfrutan los transportistas de mercancías.
3. Reforma de la regulación social para posibilitar a quienes prestan servicios a través de las plataformas digitales que puedan ser considerados como trabajadores por cuenta ajena, reforzando el papel de los tribunales y los derechos de los ciudadanos para que el 'principio de realidad' se imponga sobre barreras legales que amparan la competencia desleal, la precariedad social y la elusión fiscal.
4. Medidas favorecedoras de la profesionalización de los conductores de auto taxis (VT) y vehículos de alquiler con conductor (VTC), con las introducción de una formación homogénea, consistente en un Certificado de Actividad Profesional (CAP) específico para los conductores de vehículos de transporte público de viajeros hasta 9 plazas y que integre el uso de tecnologías, con idiomas y turismo.
5. Medidas de mejora del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) en relación al colectivo así como mantener el actual tratamiento fiscal de la actividad y los parámetros del régimen de estimación objetiva del IRPR e IVA reducido para el sector del taxi.
6. Revisión del marco jurídico del servicio público de taxi para posibilitar una mayor competitividad y calidad, respetando la esencia del servicio (licencias y tarifas públicas) así como una mejor regulación de las actividades de intermediación del transporte urbano de viajeros en vehículos turismo, con el refuerzo de los derechos de los usuarios.
7. Medidas de fomento en la atención a los colectivos más desfavorecidos, personas de movilidad reducida y mayores para posibilitar su acceso real y efectivo a los servicios de taxi y en particular en zonas rurales y periurbanas.
8. Creación de un órgano de coordinación administrativa entre comunidades autónomas y las inspecciones de trabajo, hacienda y transportes para atajar el fraude fiscal y en cotizaciones que supone la actuación de más de 9.000 vehículos piratas o intrusos que operan en España y otras malas praxis en el servicio.
9. Apoyo público a políticas de eficiencia medioambiental en el taxi y la aceleración de la introducción de vehículos no contaminantes y accesibles.
10. Promoción de un "Libro Blanco" sobre de los diferentes operadores de la movilidad urbana y el servicio público que permita la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora medioambiental así como un desarrollo equilibrado y armónico de los diferentes medios de transporte, poniendo en valor la flota de taxis española, la mayor de Europa.
