El Estado español tiene todo en contra en el litigio que desde 2013 mantiene con dos ex altos cargos de la desaparecida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismo integrado desde hace casi tres años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El asunto viene a ser una nueva versión de David contra Goliath, una réplica del desigual pulso de dos representantes de un organismo regulador contra el aparato burocrático del Estado. Pese a que todavía no existe una decisión judicial en firme por parte del Tribunal de Justicia Europeo, en la práctica totalidad de los procedimientos la alta sala judicial acepta como suyas las conclusiones realizadas por el abogado general de la UE, Yves Bot.
Este instructor se ha decantado a favor de Bernardo Lorenzo, presidente de la extinta CMT, y de Xabier Ormaetxea, consejero del mismo organismo público. Cuando el Gobierno puso en marcha la CNMC, ambos representantes del árbitro de las telecomunicaciones fueron despedidos a golpe de decreto, junto con una decena de consejeros de los antiguos reguladores sectoriales.
De todos los altos cargos afectados por los ceses, sólo Lorenzo y Ormaetxea acudieron a la Justicia. Ambos presentaron recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra sus respectivos despidos, realizados en septiembre de 2013. Posteriormente, el Supremo derivó el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Así, en el procedimiento prejudicial planteado por el Supremo -al que ayer accedió elEconomista- se concluye que la actuación de la Administración del Estado Español "menoscaba la independencia" de la autoridad nacional de reglamentación, en relación con "el cese del presidente y de un consejero antes de la finalización de su mandato, como consecuencia de una reforma institucional que tiene por efecto fusionar a esa autoridad con otras autoridades de regulación".
"Fraude de ley"
El motivo alegado por los demandantes guardaba relación con la irregularidad que representa para un organismo supervisor el cese de unos consejeros que habían sido nombrados en marzo de 2011 por un periodo de seis años, es decir, hasta 2017. Sin embargo, la creación de la CNMC -que implicaba la fusión de la CMT y Comisión de la Energía (CNE)- rompió los anteriores compromisos con la creación de un nuevo consejo con diez nuevos miembros, entre los que no se incluían los que tenían mandato en vigor. Los denunciantes argumentaron que la actuación del Gobierno representaba un "fraude de ley" ya que los ceses en los cargos no respetaba el cumplimiento de los plazos legales.
En la misma situación que Lorenzo y Ormaetxea se encontraba Marta Plana, actualmente al frente de la fintech Digital Origin, si bien la exconsejera de la CMT dimitió de sus funciones poco antes de que se materializara el cese del resto de sus compañeros.
En la CNE, la extinción del contrato laboral de los consejeros afectó al que hasta entonces ejercía de presidente en funciones de la CNE, Alberto Lafuente, junto con los consejeros Marina Serrano, Joan Batalla, Tomas Gómez y Teresa Baquedano, todos ellos nombrados en 2011 y con mandato hasta 2017. En declaraciones a elEconomista, Ormaetxea recalcó que, tanto Bernardo Lorenzo como él, se limitan "a cumplir con su obligación como reguladores de telecomunicaciones", tal y como juraron en 2011.
A partir de ahora, la decisión final reposa en manos del Tribunal de Justicia Europeo. Este órgano judicial resolverá casi con plena seguridad en la misma línea que el instructor, lo que supondría la restitución en el consejo del organismo regular, junto con la indemnización que determine la Sala del Alto Tribunal Europeo.
