Las compañías de telecomunicaciones tributaron más de lo debido, durante al menos cuatro años, en concepto de la Tasa General de Operadores. La conclusión se pone de relieve en el informe de fiscalización de la actividad de la desaparecida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), realizado por el Tribunal de Cuentas y correspondiente al año 2007.
No obstante, en el mismo estudio se apunta que las mismas irregularidades existían en los años anteriores y que hasta 2011 "no se adoptaron medidas legislativas para la reducción del tipo de gravamen, con el fin de ajustar la recaudación a los gastos de funcionamiento de la entidad".
El órgano fiscalizador de las cuentas del sector público apunta que los ingresos procedentes de la referida "Tasa General de Operadores durante los últimos ejercicios eran muy superiores al importe de los costes totales de su actividad, incumpliéndose el principio de equivalencia". Ante esa situación, el Tribunal recomienda a la CMT que "adopte las medidas oportunas para cumplir el principio de equivalencia en la exacción de las tasas, adecuando el importe de la recaudación a los costes de las actividades que determinan su exigencia, al objeto de evitar la obtención de significativos superávits procedentes de tales ingresos tributarios".
La Tasa General de Operadores sirve para financiar los gastos del regulador y a ella están obligados los operadores con una tasa del 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación. La referida tasa representaba el 80% del total de los ingresos de la CMT, con una recaudación de 35 millones de euros en 2007. La mayor parte de esta partida la aportaba "un reducido número de contribuyentes". En concreto, sólo seis operadores se repartieron un pago de 28,1 millones, casi el 80% del total. Por el contrario, los gastos totales de la CMT en el ejercicio de referencia ascendieron a casi 31 millones.
Recursos de los operadores
Los operadores de telecomunicaciones, principalmente Telefónica, han recurrido históricamente estas tasas de operadores y en la práctica totalidad de los casos el Tribunal Supremo ha ido estimando una a una todas las denuncias, reconociendo que el dinero que ingresaba la CMT no era proporcional a las necesidades propias de la regulación.
El propio Reinaldo Rodríguez, presidente de la CMT, cuyo organismo ejercía el papel de recaudador de la tasa, tal como indicaba la Ley General de Telecomunicaciones, advirtió en reiteradas ocasiones que dichos impuestos no estaban ajustados a sus cometidos y abogó por ir bajándolos. Por lo tanto, a medida que se publicaban las sentencias del Supremo, se volvió a reliquidar las tasas y a devolver el importe que correspondía a los operadores afectados.
Sin contabilidad analítica
El Tribunal de Cuentas indica "que no se puede garantizar que los importes declarados y registrados sean los correctos ni la posible existencia de tasas devengadas pendientes de liquidación". De esa forma, el organismo denuncia la ausencia de una "contabilidad analítica" e incide en que, a pesar de la desproporción de los impuestos, la CMT no procedió a reducir el tipo de gravamen de la tasa hasta la promulgación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2011. Sobre los ingresos de la CMT "no se encontraban conciliados los datos de la contabilidad con los que figuraban en los registros informáticos ni con el documento de control de gestión de la tasa".
Según el mismo Tribunal, "la entidad no realizaba comprobaciones sobre los ingresos brutos de explotación declarados por los operadores, a pesar de tener atribuida la competencia", añade.
Entre la media docena de irregularidades que el Tribunal de Cuentas detecta en la gestión de la antigua CMT, (antecesor de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC), sobresalen las diferencias que existían entre los registros contables procedentes de las tasas y la documentación que lo soportaba, así como con los datos comunicados por la Agencia Tributaria en relación con los derechos remitidos para su cobro en vía ejecutiva.
"La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no efectuaba comprobaciones sobre los ingresos brutos declarados por los operadores, que constituían la base imponible de la tasa general de operadores", indica el Tribunal de Cuentas. Además, en los resultados de la fiscalización se ponen de manifiesto "la ausencia de un informe de tasación" sobre el valor del edificio de la antigua sede madrileña de la CMT, lo que provocó que las compensaciones que debería recibir la CMT por parte del Estado no estuvieran predeterminadas. No obstante, la entidad contaba con un informe de tasación del inmueble anterior a la entrega a la Administración General del Estado, según el cual el valor inmueble situado en la Calle de Alcalá, ascendía a 37,7 millones de euros. Sin embargo, hasta finales de 2010, la CMT había recibido 15 millones del Ministerio de Economía y Hacienda, en compensación por el valor del inmueble entregado.
Por su parte, la adquisición en Barcelona de un nuevo edificio en construcción para albergar la sede de la CMT costó 62,5 millones de euros, de los que 30 millones correspondían a las obras pendientes de terminación del edificio.
