Tecnología

La UE pretende terminar con la impunidad fiscal de las grandes tecnológicas

En los últimos meses las grandes compañías tecnológicas, también denominadas las GAFA (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon), han anunciado acuerdos con algunos países europeos con la intención de finiquitar los contenciosos fiscales que llevan abiertos durante años en estos territorios. Sin embargo, la Unión Europea considera que las cantidades económicas que han abonado no se corresponden con el pago que en realidad deberían ingresar en las haciendas europeas.

Por esta razón, la Comunidad Europea está diseñando una normativa que finalice con la ingeniería fiscal que cometen estas compañías con el objetivo de pagar el mínimo de impuestos posible, pues todo apunta que con las actividades que desempeñan dejan de pagar entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año.

Italia, Reino Unido y Francia han decidido empezar por su cuenta la lucha contra estas multinacionales tras llevar años esperando una respuesta de las principales instituciones europeas. De esta manera, Google anunció hace unos días que iba a pagar 172 millones de euros a Reino Unido por impuestos atrasados durante los últimos diez años y el pasado mes de diciembre Apple tuvo que desembolsar 318 millones de euros en Italia por evadir impuestos entre 2008 y 2013.

El problema de esta cuestión se debe a que las grandes multinacionales no pagan a los países donde en realidad generan sus beneficios gracias a la ingeniosa táctica que llevan a cabo para eludir el pago de impuestos. Las ventas que declaran las firmas tecnológicas en cada país no tienen nada que ver con su facturación real. Para lo cual crean sociedades instrumentales que actúan como meros comisionistas de otra sociedad matriz localizada en países con gravámenes menores como Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo. De esta forma, solo tributan por las comisiones mínimas que supuestamente reciben de su matriz.

En este sentido Isidro Gómez, abogado especializado en derecho de Internet, comenta que con la nueva regulación las multinacionales tendrán que trasladar sus matrices a la zona geográfica donde genere beneficios. "Si existe voluntad por parte de la UE para cambiar la situación, tarde o temprano se integrará el nuevo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si se armoniza la nueva recaudación de impuestos en todos los lugares de Europa, a las tecnológicas les va dar igual situar sus matrices en países que dispongan de grandes ventajas fiscales como es el caso de Irlanda", declara Gómez.

Caso de Apple en España

Uno de los ejemplos más significativos tiene que ver con la actividad que desarrolla Apple en España ya que según sus informes apenas vende dispositivos móviles, cuando en el fondo no es así. La compañía con sede en Cupertino creó dos filiales en España, Apple Retail Spain y Apple Marketing, bajo las que desempeña sus servicios. La primera de ellas se encarga de la red de tiendas mientras que la segunda gestiona el grueso de las ventas de tal manera que ambas entidades tan solo facturan una comisión del 1% de las ventas totales.

Y es que en 2014 los grandes tecnológicos declararon en España unas ganancias de tan solo 48 millones de euros por las que tributaron unos irrisorios impuestos de 18,3 millones. En el fondo, sus beneficios se elevan a miles de millones pero los trasladan a sociedades extranjeras actuando en España como meros comisionistas.

A diferencia de otros países, España ha preferido mantenerse apartado de este conflicto pese a que la impunidad fiscal de las tecnológicas en España es la mayor de toda Europa. Sin embargo, el gobierno español ha optado por esperar la nueva normativa de la UE en lugar de imponer sanciones a los gigantes de Silicon Valley.

La comunidad europea vive con expectación ante la llegada de las nuevas medidas de la UE que pongan freno a esta multimillonaria evasión de impuestos. Para ello, Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Fiscalidad en la Comisión Juncker, ha presentado una nueva directiva contra la evasión fiscal para combatir algunas de estas prácticas más comunes y también propuso una recomendación para aconsejar a los Gobiernos nacionales cómo evitar estos abusos fiscales.

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