Las últimas semanas han sido posiblemente las más complicadas de su historia para la app de mensajería Telegram. Todo comenzó con la detención de su CEO, Pavel Durov, después de ser acusado de cómplice y aliado potencial para la comisión de delitos de fraude, contra menores o tráfico de drogas entre otros por el funcionamiento de su plataforma.
El ascenso de Telegram como una de las apps más populares del mercado se debe a sus fuertes medidas de privacidad y seguridad, y es que la plataforma siempre se ha jactado de proteger las conversaciones para que nada ni nadie pueda acceder a ellas.
El problema es que tanta privacidad, sumada a las nulas medidas de moderación de contenido por parte del equipo de Telegram, llevó a que dicha plataforma se convirtiera en un nido de grupos y conversaciones de todo tipo de delitos, desde tráfico de drogas o la distribución de contenidos sexuales.
Hasta el incidente con Durov, la app siempre se había negado a colaborar con las autoridades y entregar información sobre lo que se decía y pasaba en su plataforma, salvaguardando la privacidad de sus usuarios. No obstante, después de dicho incidente, Telegram ha relajado sus negativas y se ha abierto a colaborar con las autoridades en casos llevados por la justicia.
Como te contamos hace unos días, Telegram proporcionará datos de sus usuarios, como números de teléfono y direcciones IP, a las autoridades que le hagan una solicitud legal. Y en menos de una semana desde que se implementó la actualización de sus políticas, ya hemos visto como la Policía ya ha aprovechado estos cambios.
Y es que en el informe de transparencia que han empezado a hacer, en el que especifica cómo está colaborando con la justicia y cuántos usuarios se están viendo afectados, hemos visto que en España se han identificado a 85 usuarios en España.
Al parecer entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, Telegram procesó 22 peticiones provenientes de nuestro país, en la que la mayoría estaban buscando grupos de Telegram concretos dedicados a diversas temáticas (presumiblemente ilegales), y por ello el número de usuarios afectados es mayor al de las peticiones.
De esta manera, la caza de criminales en Telegram ya ha comenzado en nuestro país, aunque tendremos que esperar hasta el 1 de enero de 2025 para conocer el siguiente informe, donde ahí se podrá ver claramente la colaboración de la app con las autoridades.