La pandemia ha evidenciado algunas carencias del sistema económico actual, basado en la globalización y, también, en la digitalización. Para que todo funcione, actualmente se necesitan dos cosas: una producción ininterrumpida en todo el mundo y que el sistema digital y la red no falle ni se colapse. En cuanto una de esas piezas cae, el desabastecimiento y la inflación aparecen como un reloj.
Prueba de ello ocurrió con la pandemia de la Covid-19, que provocó el cierre de grandes fábricas de microchips durante meses, al tiempo que aumentaba la demanda por el impulso (obligado) del teletrabajo en el mundo.
La demanda de chips en la actualidad es cíclica y constante, ya que una cantidad importante de objetos que utilizamos en nuestro día a día (ya sea en el trabajo o en el tiempo libre) se componen en su interior por estos semiconductores. Ese paro producido en marzo de 2020 por la llegada de la pandemia ha supuesto un cambio de mentalidad en la Unión Europea, viendo como sus mercados comunitarios eran incapaces de satisfacer a la demanda del continente. Ante esta tesitura de depender de países externos, la UE ha optado ahora por un modelo en el que el autoabastecimiento gane importancia al comercio internacional, sobre todo por experiencias con territorios como Rusia, que era el principal proveedor de gas natural de muchos países de la UE hasta el inicio de las sanciones.
La ley Europea de Chips, aprobada el pasado 21 de septiembre, busca de esta manera garantizar el suministro de este semiconductor, además de fomentar la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la UE. En concreto, esta ambiciosa ley pretende duplicar la cuota de mercado europea en el sector, llegando al 20% en 2030.
Tres pilares de la nueva ley
Esta nueva propuesta por parte de la Unión Europea se basa en tres puntos principales. El primero de ellos es reforzar el liderazgo tecnológico del continente al facilitar la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica, reducir la brecha entre la investigación y la innovación y las actividades industriales, y fomentar la industrialización de las tecnologías innovadoras por parte de las empresas europeas. Esta iniciativa llamada "Chips for Europe" contará con un presupuesto de 3.300 millones de euros de fondos de la UE, los cuales irán destinados a la creación de líneas piloto de producción avanzadas, el desarrollo de una plataforma de diseño en la nube, el establecimiento de centros de competencia, el desarrollo de chips cuánticos y la creación de un Fondo de Chips para facilitar el acceso a la financiación mediante deuda y al capital.
El segundo pilar está destinado a incentivar las inversiones públicas y privadas en instalaciones manufactureras para la fabricación de chips. De esta manera, se quiere crear un marco de seguridad del suministro atrayendo inversiones.
Por último, la coordinación se erige como el tercer punto principal de esta nueva norma. Los Estados miembros y la Comisión Europea actuarán de manera similar a la PAC: supervisarán la oferta de semiconductores, calcularán su demanda y se adelantarán a una posible escasez. Asimismo, desde el 18 de abril de este año se creó un sistema de alerta de chips que permite a cualquier parte interesada notificar alteraciones en la cadena de administración de los semiconductores.
Toda esta nueva legislación recaerá sobre la Empresa Común para los Chips, que será la que canalice las acciones y se encargue de seleccionar los centros de excelencia para incluir en esta categoría las plantas que producen maquinaria necesaria para fabricar chips.
