Estados Unidos ha cerrado (definitivamente) las puertas de China a las empresas de semiconductores. Las compañías nacionales que quieran acceder a las ayudas contempladas en la Ley de Chips no podrán ampliar su capacidad de producción en el país asiático durante una década. Aunque la norma se aprobó el verano pasado, la administración ha detallado ahora cuáles son los requisitos para poder acceder a los fondos gubernamentales. De ellos, 39.000 millones de dólares se repartirán solo para aumentar la fabricación.
Precisamente, una de las limitaciones principales para acceder a los fondos federales se encuentra en el veto a los países que son "un riesgo para la seguridad nacional". Aunque no se menciona explícitamente a China, el país centraliza el veto de Estados Unidos en la industria de chips. El bloqueo a Pekín ha vuelto a quedar en evidencia en la comparecencia de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, que ha enumerado este martes las condiciones y las limitaciones para que las firmas estadounidenses se beneficien de las ayudas.
Asimismo, las empresas que reciban los fondos no podrán llegar a acuerdos con los países vetados. Es decir, no solo tendrán que cumplir el plazo de diez años para no expandirse en esas geografías, sino que tampoco podrán colaborar en investigaciones conjuntas o cerrar contratos en licencias de tecnología. En el caso de que incumplan estas limitaciones, tendrían que devolver el dinero concedido.
Las estadounidenses Intel o Micron Technology no tienen fábricas de producción avanzada en China, por lo que ese aspecto no les afecta en gran medida. Sin embargo, empresas asiáticas, como la surcoreana Samsung, que optan a recibir fondos para levantar fundiciones en Estados Unidos, pueden verse más limitadas por esa norma, explica Bloomberg.
Más allá de seguir cortando lazos con China, el departamento de Comercio aplicará otras condiciones. Las empresas estadounidenses se verán limitadas a la hora de efectuar recompras de acciones. Así, para solicitar los fondos tendrán que detallar cuáles son sus planes al respecto durante los próximos cinco años y, además, se revisará su historial de operaciones de este tipo antes de concederse el dinero. El objetivo es acotar el efectivo que usen para ese fin, lo que puede perjudicar a los accionistas de empresas como Intel.
Asimismo, las compañías que obtengan las subvenciones tendrán que repartir los "beneficios caídos del cielo". Ese criterio aplicará a las empresas que hayan obtenido una ayuda a partir de 150 millones de dólares y a las que se podrá gravar con una tasa extraordinaria si multiplican por tres sus proyecciones de negocio.
La administración también pide a las empresas que elaboren planes de incentivos. Por ejemplo, se tendrá en cuenta que los proyectos favorezcan ayudas para las familias de los empleados, como ofrecer guarderías. También se estudiará si los programas de las empresas son inclusivos y fomentarán la contratación de minorías, mujeres y a la población de más edad, según Reuters.
En todo caso, las condiciones para acceder a las ayudas son estrictas y la administración efectuará sus propias due diligence para corroborar la elegibilidad de las candidaturas. Se espera que la financiación sea de entre el 5 y el 15% de los gastos de capital de cada proyecto y, en ningún caso, se superará el 35%. Las aplicaciones para solicitar los fondos empezarán en junio bajo una extensa lista de condiciones.
