Más de medio centenar de asociaciones e instituciones de todo el mundo han publicado una carta abierta dirigida al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, pidiendo a Google que tome medidas contra el software preinstalado en dispositivos Android. "Los firmantes, estamos de acuerdo con usted: la privacidad no puede ser un lujo reservado para las personas que tienen la capacidad de pagar por ella". Así empieza una misiva que suscriben Amnistía Internacional, la Unión Americana de Libertad Civiles, el Centro para la Democracia Digital o el buscador DuckDuck Go, entre otros. ¿Por qué las aplicaciones presintaladas de Android no se someten a las mismas reglas que al resto sobre respeto a la privacidad de los usuarios?, viven a concluir
En su petición, los responsables del movimiento social denuncian que los miembros de Android Partner –que utilizan la marca y la imagen de Android– "están fabricando dispositivos que traen aplicaciones preinstaladas que no pueden ser borradas que puede exponer a los usuarios a que sus datos sean recopilados, compartidos y expuestos sin su conocimiento o su consentimiento". Entre otros detalles, este tipo de aplicaciones pueden acceder a la cámara, al micrófono y los datos de ubicación de los usuarios sin necesidad de activar los mensajes de seguridad normales de Android, a los que sí están sujetos el resto del ecosistemas de aplicaciones móviles.
Por ese motivo, los usuarios no son conscientes "de estas graves intromisiones" por parte de los socios de Google Play Protect. Este tipo de aplicaciones preinstaladas "pueden contar con permisos personalizados privilegiados que les permiten operar fuera del modelo de seguridad de Android". Ante esos argumentos, las asociaciones que promueven el movimiento de reflexión sobre Google advierten que "las personas deberían poder desinstalar permanentemente las aplicaciones de sus teléfonos. Esto debería incluir todos los servicios en segundo plano que continúan ejecutándose aunque las aplicaciones hayan sido desactivadas".
Los firmantes de la carta alzan la voz para que que las aplicaciones preinstaladas dispongan del mismo nivel de control que las aplicaciones de Play Store, especialmente en cuanto a los permisos personalizados. Y también proponen que exista "algún mecanismo que permita actualizarlas, preferiblemente a través de Play Store y sin necesidad de tener una cuenta de usuario". Asimismo, Google debería "negarse a certificar un dispositivo por razones de privacidad si los fabricantes o los comerciantes han intentado explotar los datos de los usuarios de este modo".
"Las personas deberían poder desinstalar las aplicaciones, incluidos los servicios en segundo plano"
Las mismas entidades consideran que estos cambios son "justos y razonables", además de que "marcarían una gran diferencia para millones de personas en todo el mundo que no tendrían que sacrificar su privacidad y seguridad a cambio de acceder a un teléfono inteligente". A modo de conclusión, las instituciones críticas instan a Google a que "utilice su posición como un actor influyente del ecosistema para proteger a las personas e impedir que los fabricantes las exploten en la carrera al fondo desatada por los precios de los teléfonos inteligentes".
