
La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha asegurado que Extremadura trabajará "individualmente" y junto a otras comunidades "frente al despropósito" de la financiación singular para Cataluña.
Bazaga, preguntada por la propuesta del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de hacer un frente común contra la financiación catalana, ha expuesto que todas las comunidades están "igualmente afectadas" y han manifestado su posición "absolutamente en contra" con "criterios muy claros y lógicos".
"Evidentemente, pues todos conversamos y estamos trabajando sobre esa posibilidad y, lógicamente, cada uno va a actuar con todo respeto, individualmente, y luego haremos, evidentemente, al final, siempre es un frente común frente al despropósito que se nos propone en este caso. Estamos trabajando con todos ellos", ha dicho.
También, y sobre el requerimiento interpuesto por la Junta para reclamar un millón de euros por la no actualización de las entregas a cuenta en la comunidad, Bazaga ha señalado que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, fue este pasado martes "muy clara" en la comparecencia en la que informó sobre el mismo.
"Todo se inició ayer, se están haciendo las cuentas y, evidentemente, la solicitud es inmediata. Estamos terminando de perfilar cuáles son los requerimientos que vamos a hacerle al Gobierno", ha asegurado.
Precisamente la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, señaló el pasado martes, 15 de julio, que la Junta de Extremadura va a presentar un requerimiento al Ministerio de Hacienda, por haber tenido que pagar casi un millón de euros en intereses entre 2023 y 2024 debido al retraso en la actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central.
Elena Manzano explicó que la no aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado tanto en 2023 como en 2024 ha supuesto la falta de actualización de las entregas a cuenta de 2024 y 2025.
Como consecuencia de esta falta de actualización, Extremadura ha tenido que acudir a la financiación a corto plazo para poder seguir prestando unos servicios públicos de calidad, lo que ha generado el devengo de unos intereses financieros que ascienden a más de 700.000 euros en el año 2024 y más de 230.000 euros en el año 2025.
"Estas cifras sumadas suponen un coste para nuestra región de casi un millón de euros", criticó Manzano, al tiempo que ha recordado que el gobierno regional no se queda quieto y "actúa" y va a reclamar, como siempre lo ha hecho, "todas las deudas que el Estado tenga con Extremadura".
En este sentido recordó que, cuando el gobierno central presentó el llamado impuesto a la banca, "Extremadura fue la primera comunidad autónoma que presentó un recurso de inconstitucionalidad", ya que el reparto de este impuesto, destinado a los territorios con mayor PIB, "quebrando los principios de igualdad, justicia y progresividad".
Manzano recordó que el gobierno regional mantiene dos requerimientos pendientes de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica, con los que exige que, respecto a la del año 2021, el gobierno devuelva 19,7 millones de euros y, respecto a la del año 2022, 94,94 millones vinculados al IVA y a los impuestos especiales.
Por todo ello insistió en que se va a plantear este requerimiento sobre los intereses porque "la inacción del Estado cuesta dinero a Extremadura".
"El gobierno central mira para un territorio (Cataluña) y abandona al resto. Renuncia a sus recursos con la financiación singular para Cataluña y olvida su obligación de actualizar los recursos para financiar a las comunidades autónomas", criticó.