El grupo de trabajo creado por el Banco de España, para proponer cambios en la Ley de Autonomía del supervisor, está a punto de terminar su trabajo, en medio de la polémica creada por la reestructuración de su servicio de estudios y de otras partes de su organigrama. Y en ese informe de carácter no vinculante, cuya publicación se prevé en cuestión de semanas, los expertos reabrirán el debate sobre la necesidad de extender el límite temporal, seis años improrrogables, al que ahora está sujeto el cargo de gobernador de la institución.
El comité creado muy poco después del desembarco del actual titular de ese cargo, José Luis Escrivá, se puso en pie sin especificar una agenda de temas que tuvieran que abordar, más allá de hacer propuestas que optimicen la transparencia y autonomía del Banco de España. No obstante, fuentes conocedoras de las deliberaciones del grupo de trabajo revelan a elEconomista.es que la prolongación de mandatos está sobre la mesa en torno a la que se sientan la director del grupo, la consejera Lucía Rodríguez, juntos a los economistas Rosa Lastra, Joaquín Vial y Daniel Innerarity.
El objetivo pasa así por aportar soluciones para que el banco central español deje de ser una rara avis entre sus homólogos del área OCDE, cuyos máximos titulares pueden ostentar esos cargos durante ocho años o más –hasta un total de 16 ejercicios en el caso más extremo, el propio del Bundesbank–.
Las fuentes consultadas aseguran que son dos los modelos que se manejan para el Banco de España. El primero imita al BCE y pasa por establecer un mandato único de ocho años, con un modelo reforzado de elección del gobernador y el subgobernador. Si esta opción saliera adelante, ya no bastaría para designarlos con el pacto no escrito –y varias veces incumplido, como ocurrió en 2024– que establece que el partido que gobierna y aquél que lidera la oposición pactan ambos nombramientos.
En este caso, sería necesario someter las dos designaciones a votación en el Congreso de los Diputados, y así obtener la mayoría de la Cámara Baja.
El segundo modelo pasa por establecer un primer mandato para el gobernador más reducido que el actual, de solo cuatro años, pero con la puerta abierta a optar a la renovación por otros cuatro ejercicios. Esta posibilidad, no obstante, genera ya un mayor debate entre los expertos, puesto que recelan del riesgo de que el ciclo de renovación de la cúpula del Banco de España acabe coincidiendo con el propio de las elecciones generales. Se plantearía así el peligro de que la elección del máximo ejecutivo del banco central se vea influida por los cambios en La Moncloa tras las votaciones.
Completa autonomía
En este ámbito, el propio Escrivá, al que podría afectar la extensión del mandato –si las propuestas de la comisión del Banco de España se aprobaran posteriormente en el Congreso– cuenta con su opinión formada. Desde el supervisor explican a elEconomista.es que el grupo de trabajo desempeña sus funciones bajo una completa autonomía. Lo que implica que el contenido del documento que saldrá a la luz a finales del mes próximo, o principios de julio, no es conocido por el gobernador ni por el Consejo de Gobierno, a cuyo examen se someterá.
Ahora bien, de acuerdo con dichas fuentes, ya puede afirmarse que Escrivá juzga secundaria la cuestión de cuántos años tiene que durar el mandato y siempre ha enfatizado, en sus diversas declaraciones públicas sobre este tema, que lo primordial es que sea no renovable. Su posición, según ha explicado en algunas entrevistas, se encuentra en línea con los estudios realizados por el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ha defendido que la elección se desacople además del ciclo electoral, algo que buscaría evitar la tentación en el inquilino de La Moncloa de poner al frente a alguien afín.
La extensión del mandato sí la defendió, en cambio, su predecesor en el cargo, Pablo Hernández de Cos, para reforzar la independencia del organismo en una comparecencia instada por el Congreso de los Diputados en el año 2020. La Cámara Baja le citó, como a otras autoridades, buscando recabar ideas para reforzar la imparcialidad de las autoridades y supervisores, y Hernández de Cos aconsejó precisamente elevar de seis a ocho años el mandato del gobernador, además de reforzar el poder de la Cámara Baja en su nombramiento y extender la imposibilidad de renovación de su cargo a los consejeros del Banco.
Sin embargo, la oportunidad para dar o no el paso llega con Escrivá. Para disipar cualquier duda de la viabilidad de su nombramiento tras llegar desde el Consejo de Ministros al palacio de Cibeles, abogó por reforzar la independencia y transparencia de la institución.
La polémica sobre la extensión de mandatos, y sobre el trabajo encomendado a la propia comisión de transparencia presidida por Lucía Rodríguez está lejos de disiparse. No en vano la primera persona designada para dirigirla, el consejero Fernando Fernández, presentó su dimisión a finales de septiembre pasado muy poco antes de ser designado para esas funciones, en medio de la polémica del nombramiento de Escrivá, y de la subgobernadora Soledad Núñez, sin acuerdo con el Partido Popular.
Casi nueve meses después la institución situada en la Plaza de La Cibeles vuelve a acaparar titulares ahora que acaba, precisamente, de dar un vuelco a su organigrama buscando impulsar las sinergias entre departamentos y mejorar sus "productos".
Entre los cambios figura una profunda reorganización del servicio de estudios que lideraba Ángel Gavilán, quien dimitió al día siguiente de presentar el informe anual de la institución de 2024, en el que se echaron en falta las tradicionales evaluaciones del supervisor sobre retos económicos de tanta magnitud como la crisis del sistema de pensiones.
La mencionada reestructuración ha suscitado controversia por el temor a una pérdida de poder del servicio de estudios porque implica que sus cuatro áreas pasan a dos macrodivisiones, aunque saldrán reforzadas en personal. Y ha supuesto también el traslado del número dos de Gavilán y responsable, en gran medida, de los trabajos de la división, Carlos Thomas, al área de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. Intercambiará el puesto con Galo Nuño.
