El sector sanitario privado, formado por hospitales y seguros de salud, está aún con el susto en el cuerpo. El reciente acuerdo de presupuestos entre el Gobierno de Sánchez y Podemos incluía por sorpresa un apartado que atacaba directamente todas las fórmulas de colaboración entre la sanidad pública y la privada en nuestro país. En concreto, el documento instaba a "blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras" y anunciaba la creación de una comisión para que en el plazo de seis meses "analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla".
El sector tembló, recordando como por ejemplo en Valencia un acuerdo de este tipo ha tumbado de manera definitiva el llamado modelo Alzira de gestión privada de la sanidad.
Tras el susto, las compañías sanitarias pasaron al ataque. El primero en responder fue la Fundación Idis, el organismo que integra a las 25 mayores compañías del sector. "No existe privatización de centros o servicios, como se dice, y tan solo hay gestión privada de los mismos, acordada y a petición de las autoridades sanitarias de las diferentes CCAA y de diferentes signos políticos", aseguraba.
"Hacer planteamientos radicales como los reflejados en el pacto bilateral entre PSOE y Podemos solo conduce a incrementar el gasto público, poner en peligro el sistema público de salud y a generar insatisfacción y mayores problemas que los ya existentes entre los ciudadanos en términos de salud", destacaban las compañías.
Le siguió en la ronda de comunicados la patronal ASPE, que engloba 600 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios de nuestro país. Su presidenta Cristina Contel fue tajante: "El acuerdo es un órdago muy peligroso y sin recorrido, so pena de que el sector sanitario público quiera morir de éxito, al quedar colapsado y no disponer de recursos humanos y materiales suficientes para asistir a la población española. Esto último sería muy fácilmente demostrable si el sector sanitario privado, en un acto de irresponsabilidad como lo es el acuerdo propuesto, decidiera suspender su actividad durante unos días".
"Nunca un Gobierno había llegado tan lejos en sus amenazas a este sector", asegura un directivo de la sanidad privada.
