Los fuertes retrasos, superiores incluso a ocho meses, que se acumulan en el abono del seguro escolar por parte de la Administración amenazan con dejar a miles de jóvenes y adolescentes sin asistencia en salud mental. Este instrumento permite la asistencia privada debido al colapso existente en la sanidad pública. El problema radica en que los retrasos están provocando ya el cierre de centros, que no pueden sostenerse ante la elevada morosidad por parte del Gobierno.
El seguro protege a estudiantes menores de 28 años, desde tercero de ESO hasta el tercer ciclo universitario contra el accidente escolar, la enfermedad y el infortunio familiar, otorgándoles prestaciones médicas, farmacéuticas y económicas, según el caso.
Una iniciativa con el objeto de recoger firmas en change.org advierte, sin embargo, de que "debido a los constantes retrasos en los pagos en los que incurre el seguro, los hospitales de día de salud mental y centros de atención psicológica de toda España tienen cada vez más dificultades para mantener los tratamientos de miles de adolescentes y sus familias".
Los promotores de la iniciativa recuerdan que "la salud mental es un asunto de salud pública y debe tener la consideración pertinente". Según dicen, "no podemos seguir permitiendo que los tratamientos de miles de personas, especialmente en los tiempos de crisis e incertidumbre que estamos viviendo actualmente acaben por una deficiencia de la administración pública, pues el pago de dicho seguro es obligatorio para el estudiante y debería ser correspondido en el disfrute de su prestación".
Manuel Faraco, médico psiquiatra y director de Adalmed, un centro especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), apunta en este sentido que "el seguro escolar puede paliar las deficiencias de la atención pública". Según dice, "es uno de los pocos recursos que permite hacer realmente tratamientos especializados, con unos porcentajes de éxito mucho mayores de los que pueda realmente ofrecer solo la red pública".
Esta no es, sin embargo, la primera vez que hay un problema similar. El seguro escolar estuvo ya en peligro por una cuestión de ahorro presupuestario en la anterior legislatura. "En un momento decidieron que no era una buena idea que existiera, aunque felizmente al final echaron para atrás", explica Faraco. En ese momento, las asociaciones de familias se reunieron con la exministra de Trabajo y Seguridad Social Magdalena Valerio y consiguieron que se diera marcha atrás, pero el problema ahora es otro.
En el caso de Adalmed, el coste mensual de un hospital de día, cuando el paciente tiene que ir a todas las sesiones, ronda los 1.500 euros al mes. "El seguro escolar en fundamental. Si la sanidad pública tuviera que afrontar todos los gastos de atender a los pacientes que están en centros privados el coste sería mucho mayor", explica Faraco.
