Madrid
El sistema de cobertura sanitaria que tienen a su disposición los funcionarios, Muface, nació en los estertores de la dictadura franquista. Fue la Ley 29/1975, aprobada en el mes de junio de ese año, la que ampara que los trabajadores públicos del Estado puedan elegir si quieren tener, como cualquier ciudadano, asistencia mediante la seguridad social o bien otra prestada a través de entidades privadas. En la actualidad, la asistencia la prestan Asisa, Adeslas y DKV, quienes reciben una prima por parte del Estado para que se hagan cargo de la asistencia de los funcionarios que así lo deseen.
Muface es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Actualmente cuenta con, aproximadamente, un millón y medio de asegurados, según consta en la web oficial de la entidad. Cuando un funcionario del Estado consigue una plaza en propiedad, puede elegir qué modalidad quiere y, cada año, puede decidir si quiere mantener su decisión o cambiar.
En septiembre de 2021 se produjo la última actualización del convenio. Fue entonces cuando el Ministerio de Hacienda decidió destinar una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2024, lo que supuso un incremento en las primas que recibirán las aseguradoras entre el 8 y el 10%. En concreto, será del 8% para el primer año, se elevará al 8,75% para 2023 y hasta el 10% para 2024 en relación a la prima del ejercicio 2020-2021. Sin embargo, a pesar de aumentar la dotación, algunas aseguradoras como DKV siempre han defendido que el presupuesto está por debajo de los gastos incurridos, más aún en tiempos de pandemia o postpandemia.
Por último, también cabe señalar que se integra en Muface la gestión del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, cuyo patrimonio se sitúa en torno a los 640 millones de euros y tiene más de 640.000 partícipes y beneficiarios, lo que lo sitúa como el mayor plan de pensiones de empleo de Europa por número de partícipes.