La Audiencia Nacional ha declarado nulo el Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). Se trata de un plan, aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), para decidir que medicamentos debe financiar el Estado y fijar así su precio contra el que la patronal Farmaindustria había interpuesto un recurso contencioso – administrativo.
En la sentencia, la Audiencia Nacional (AN) considera a la Comisión Permanente de Farmacia (CPF) un "órgano manifiestamente incompetente". Y es que, recuerda que se trata de una comisión de trabajo integrada en el Consejo Interterritorial y sus funciones no pueden exceder al ámbito competencial de este. En el documento la AN indica que debería ceñirse a "funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes".
Además, el tribunal ha decidido anular el plan por la escasa transparencia en su elaboración. El órgano de justicia indica que se limitó el plazo de consulta para los interesados a diez días, cuando lo perceptivo era un plazo de mínimo de quince días. También resalta que no consta que se haya elaborado una Memoria de Análisis de Impacto Normativo o se hayan emitido informes de la Secretaria General Técnica del Ministerio proponente, del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Estado. Tampoco hay constancia de que la propuesta se elevara ni a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretario, ni al Consejo de Ministros para que fuese aprobada. Y mucho menos hay constancia de que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ante este escenario, el tribunal ha declarado la nulidad de pleno derecho del Plan por "haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Cabe destacar que ahora el Ministerio de Sanidad cuenta con 30 días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es decir, una apelación extraordinaria. Farmaindustria lo ve como una oportunidad para revisar este procedimiento en España.
