Madrid
En septiembre, el Ministerio de Sanidad encara un curso político que promete ser tan intenso como decisivo. El departamento que dirige Mónica García debe prepararse para dar un impulso definitivo a varias de las grandes reformas legislativas que lleva meses cocinando a fuego lento. Son normativas clave para el futuro del sistema sanitario español, y la vuelta del verano marcará el momento de transformar borradores en realidades.
Uno de los momentos más esperados será la aprobación, en segunda vuelta, del anteproyecto de la Ley del Medicamento. La ministra de Sanidad, Mónica García, ya confirmó en el último consejo interterritorial que lo llevará al Consejo de Ministros durante el noveno mes del año, tras haber revisado las más de 1.000 alegaciones recibidas.
Llevar a puerto esta normativa no es tarea fácil. En abril, cuando se publicó el texto inicial, los puntos que conformaban el documento –algunos más controvertidos que otros – cayeron como un jarro de agua fría en el sector. Entre las medidas más discutidas figuran el sistema de precios seleccionados o la posible reforma del copago, la cual García ha decidido dejar para su debate en el Parlamento.
El curso que se avecina también pondrá a prueba la capacidad del Ministerio para sacar adelante dos reales decretos fundamentales: el de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el de Precio y Financiación. El primero va más adelantado que el segundo. De hecho, el director general de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, ha señalado que la previsión es que el texto llegue al Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en septiembre.
El segundo, sin embargo, aún tiene camino por recorrer. El Real Decreto de Precio y Financiación se encuentra en una fase menos madura, aunque el compromiso del departamento de García es claro: lograr su aprobación definitiva durante 2025, tras su correspondiente paso por el Consejo de Ministros y su posterior trámite en el Congreso.
A esta agenda ya de por sí cargada se suma un nuevo frente: esta semana, el Ministerio de Sanidad puso en marcha los trámites legales para aplicar un sistema de doble precio en medicamentos que tengan financiación pública, pero que sufran problemas de abastecimiento y se dispensen en farmacia. La medida se encuentra en consulta pública y las organizaciones interesadas pueden mandar sus aportaciones hasta el próximo 28 de julio.
Otras medidas en construcción
Más allá de los textos normativos, Sanidad también deberá redoblar esfuerzos en dos reformas de gran calado que han acaparado titulares en lo que va de año. La primera es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo que tiene como fin la prevención, preparación, detección y respuesta rápida frente a amenazas y riesgos para la salud de la población.
A pesar de los tropiezos iniciales – el Congreso rechazó una primera propuesta hace cuatro meses - , el pasado junio, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados dio luz verde al proyecto de ley para su creación, pero con los votos en contra de los partidos políticos PP, Vox y Junts. El texto está ahora en manos del Senado, donde debe continuar su tramitación.
La segunda gran reforma en curso es la actualización del Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios, un documento que busca redefinir las condiciones laborales y organizativas del personal del Sistema Nacional de Salud. Reactivado oficialmente en enero de 2025, el documento ha provocado más sombras que luces. Es más, los sindicatos han llevado a cabo casi una decena de movilizaciones en contra del texto.