Madrid
Varapalo para las aseguradoras Sanitas y Generali. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a ambas compañías por "supuestas conductas contrarias" al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, según ha comunicado la autoridad reguladora.
En octubre de 2022, Sanitas y Generali firmaron un acuerdo. Este se llevaba a modo de reaseguro, en el que los clientes de la compañía italiana en España podían tener acceso a los centros médicos y hospitales de Sanitas, quien asumiría los gastos derivados de la asistencia y el pago a los mismos.
Aquí precisamente se ubica el foco del problema. Y es que, esa cartera del ramo de salud de Generali, compuesta por 140.000 personas, puede aprovecharse desde el pasado 2023, cuando comenzó el acuerdo, de las instalaciones propiedad de Sanitas y de sus centros convenidos, con todas las ventajas que conllevaba para los clientes, pero no para las clínicas.
Por ello, la patronal de la sanidad privada (ASPE) impuso una denuncia a esta acuerdo, ya que argumenta que esta firma conlleva que los establecimientos se vean obligados a atender a estos pacientes al precio que impone Sanitas, que además encontraba en este pacto un mayor poder de negociación, al haber ampliado de manera "artificial" su cartera. Esto podía suponer remuneraciones hasta un 20% inferiores para los centros convenidos con Sanitas, según ASPE.
La CNMC está indagando en si las dos compañías de seguros fijaron los precios y las condiciones comerciales o de servicio de las pólizas de todos los clientes actuales y futuros de Generali afectados por el acuerdo. También ha analizado si existen cláusulas "que podrían limitar la competencia entre ambas compañías, ya sea en relación con ciertos clientes o en otros mercados ajenos al acuerdo".
Después de examinar los datos recopilados durante la fase de información reservada, la autoridad reguladora ha identificado indicios racionales de una posible infracción del artículo uno de la normativa mencionada por parte de Sanitas y Generali. Así, se abre un un periodo de 24 meses para su resolución.
Las reacciones de ambas aseguradoras no han tardado en llegar. "Estamos convencidos de que este acuerdo cumple con la legalidad en términos de competencia. Como no puede ser de otra manera, quedamos a disposición de la CNMC para facilitar toda la información necesaria y que cumplimos con todos los puntos de la legalidad vigente", afirman desde Generali y Sanitas.
Las dos compañías relatan que "los asegurados son los grandes beneficiados", mientras la filial italiana en España detalla que con este acuerdo, los clientes de Generali "ampliaron en un 43% el cuadro médico a su disposición".
La patronal de la sanidad privada denuncia
En julio de 2023, la patronal de la sanidad privada, interpuso una demanda ante los juzgados de los Mercantil de Madrid y la CNMC. Según el dictamen jurídico encargado por la alianza, las dos aseguradoras vulneraban la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe.
Desde el anuncio del acuerdo, ASPE solicitó a las dos aseguradoras en varias ocasiones, información sobre el pacto para poder valorar sus consecuencias sobre los centros y hospitales y poder abordar una posible negociación. Es más, denunció unas prácticas inapropiadas y contrarias a la normativa vigente ante Unespa.
El 3 de mayo de 2023 remitió a las dos aseguradoras un escrito exigiendo el cese de su conducta y el cumplimiento de los acuerdos de prestación de servicios suscritos previamente por los centros sanitarios con Generali y les dio como plazo de respuesta hasta el 17 de mayo de ese mismo año.
Según ASPE, este acuerdo producía distintas consecuencias "alejadas del marco normativo". Por un lado, falseamiento de la libre competencia por actos desleales, por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas. También producía concurrencia de una conducta que elimina la competencia entre ambas compañías y limita la libertad de actuación de los hospitales.