Madrid
Muface pende de un hilo. Para el nuevo convenio, el Gobierno ha explorado soluciones que impliquen una mejora de las primas de las aseguradoras. Sin embargo, La Alianza de la Sanidad Privada (ASPE) apunta que esto no es suficiente y que, aún así, el modelo podría fracasar si no se garantiza una "remuneración adecuada" para los hospitales y centros privados que prestan servicio.
Alrededor de un millón de mutualistas se dirigen a un centro hospitalario privado, que la aseguradora financia – para ser atendidos. La patronal denuncia que la provisión sanitaria (hospitales y centros asistenciales) queda al margen de las negociaciones, "a pesar de ser una parte imprescindible del sistema". "No tener en cuenta sus necesidades pone en peligro la viabilidad del modelo si no se adoptan medidas que garanticen una distribución justa de los recursos", considera ASPE.
En las conversaciones de los últimos meses, las entidades (DKV; Asisa y SegurCaixa Adeslas) habían planteado la necesidad de aumentar al menos un 40% las primas para hacer frente a las pérdidas económicas que les había generado los anteriores contratos. ASPE dice que "estas mejoras no deben quedarse exclusivamente en las aseguradoras, sino que deben repercutir en la provisión sanitaria" que también ha estado padeciendo esta situación de infrafinanciación.
La nueva licitación de Muface recoge un aumento de las primas progresivo, de un 19,37% en el primer año, con un coste de 1.303 millones, un 7,25% más en 2026, con una dotación de 1.490 millones, y 1.685 millones de euros en 2027, un 4,32% más. De momento, SegurCaixa Adeslas y DKV se han retirado y han afirmado que no continuarán dando servicio a los funcionarios.
Además, la patronal apunta que los hospitales y centros privados atienden a los mutualistas con una retribución un 10% inferior a las de los asegurados regulares. Este desajuste, junto con el aumento de los costes operativos y la presión inflacionaria, pone en riesgo la capacidad de estos centros para seguir ofreciendo una atención de calidad, según ASPE. Este impacto también recae sobre los profesionales sanitarios. Su retribución por mutualista "no refleja la calidad ni la complejidad de los servicios que prestan".
Ante esta situación, la Alianza de la Sanidad Privada reclama al Gobierno participar en las negociaciones del nuevo convenio de Muface como tercera parte afectada por la financiación insuficiente del modelo. "Este enfoque tripartito contribuiría a reforzar la sostenibilidad del sistema, proporcionando estabilidad tanto a los mutualistas como a los actores sanitarios que lo hacen posible", dice el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Según ASPE, durante los últimos años, la financiación insuficiente había generado una situación "insostenible". Afectó a la accesibilidad de los mutualistas a los servicios sanitarios, provocando mayores tiempos de espera. Esto se debe a que "las aseguradoras seleccionan de forma más restrictiva sus cuadros médicos" y a que "algunos prestadores se ven obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las exiguas tarifas actuales".
Los médicos autónomos insisten en el 'Muface directo'
Por su parte, la asociación que engloba a los médicos autónomos (aquellos con consulta propia y privada que da servicio sanitario a los funcionarios), Unipromel, insiste en la viabilidad de un modelo como 'Muface directo', después de mostrar de nuevo su desacuerdo con la última oferta del Gobierno.
"Estamos trabajando para Muface por unos precios irrisorios, por los que no trabajaría ningún otro profesional de otro tipo. Cuando por fin vemos que el Estado inyecta financiación, ofrecen un máximo de incremento que no es suficiente", ha criticado, para recalcar que las aseguradoras "van a ir a la fuerza".
Aunque Unipromel aseguró que recurriría el concierto de Muface si la oferta proponía un incremento por debajo del 47% en la prima media, ahora ha asegurado a este periódico que finalmente no lo hará. La asociación ya presentó un recurso contra Mugeju –la mutualidad de jueces y fiscales– y contra Isfas –la de los militares–, que fue desestimada en diciembre por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). "Esta vez vamos a dejar que se equivoquen", ha zanjado.
Así, Unipromel reclama al Gobierno una prima media de más de 1.500 euros por cada funcionario que elija Muface. Su presidente, Ignacio Guerrero, alega que para el Estado sería "más barato" que si todos los funcionarios se marchan a la sanidad pública, donde se invierte un total de 1.736 euros por paciente. "Se negocia con las aseguradoras, pero los verdaderos protagonistas estamos aquí y pedimos la misma financiación que en la pública", ha reiterado.
