Madrid
Las aseguradoras Asisa, DKV y Adeslas dan un portazo al Gobierno. Ninguna de las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban el servicio sanitario a los funcionarios del Estado renovarán el convenio de Muface. De esta forma, a partir del año que viene, alrededor de un millón y medio de personas que están adscritas al mutualismo tendrán que pasar a la sanidad pública. La negativa de DKV es total a todas las fórmulas de aseguramiento a personal público. Sin embargo, tanto Asisa como Adeslas mantendrá la cobertura para los abogados del Estado (Mugeju) así como para los militares (Isfas).
Las tres compañías cumplen de esta forma su amenaza de no firmar por lo que consideran un sistema infrafinanciado. De hecho, solicitaron al Gobierno una incremento de las primas que rondase el 40% y el Ejecutivo solo subió un 17% en su propuesta. "En los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan sólo un 31,6%, casi la mitad del incremento", explican desde DKV.
Esta aseguradora ha emitido un comunicado al filo de las 10 de la mañana en el que explica que, de continuar, "en el año 2024 habría que imputar 74 millones adicionales por las pérdidas estimadas del nuevo contrato de dos años. Es decir, casi lo mismo que en los tres años del convenio anterior". El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, señala que "una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución deficiente de los profesionales sanitarios".
Por su parte, Adeslas defiende que seguirá apostando por el modelo de colaboración público-privado, pero solo en aquellos casos en los que no se incurran en pérdidas inasumibles. "La compañía ha valorado para acudir a Isfas y Mugeju las características específicas que presentan sus respectivos colectivos de cara a garantizar la sostenibilidad del aseguramiento sanitario en función de las condiciones ofertadas en estos concursos. En los dos casos, los parámetros asociados a las tendencias de demanda sanitaria permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados", dicen desde la firma en la que participan Mutua Madrileña y La Caixa.
Desde Asisa, también se asegura que la decisión entorno a Muface es estrictamente por motivos económicos. "Creemos que las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial. A pesar de nuestra firme voluntad de mantener la vinculación con Muface, la falta de una financiación adecuada junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad hacen imposible para Asisa mantener la adhesión al modelo sin poner en serio riesgo la solvencia de nuestra compañía", dicen.
Además, instan a la Administración a "replantear las condiciones de la licitación en el caso de Muface" y explorar nuevas soluciones y alternativas para mantener un modelo que ha sido a lo largo de su historia un ejemplo de colaboración público-privada.
Y ahora, ¿qué?
Tras la decisión unánime de las tres aseguradora de abandonar el servicio sanitario de Muface se abre un terreno inexplorado. Según la legislación vigente, y desde una interpretación legal, pueden abrirse a partir de este momento dos escenarios.
Por un lado está la posibilidad de que el Gobierno opte por instar a una prórroga forzosa del modelo Muface. Esta tendría una duración de unos nueve meses, según fuentes consultadas, y obligaría a prestar el servicio al millón y medio de funcionarios que quisieran seguir bajo el paraguas del mutualismo.
Por otro lado, cabe también la posibilidad de que el Ejecutivo decida replantearse su oferta e ir a una nueva negociación. En este caso, se abriría un proceso similar al que se ha vivido en los últimos meses aunque, eso sí, los plazos apremiarían más si cabe. En este caso, el Gobierno y las compañías podrían contar con un árbitro que no llegó a tiempo para este partido: la Airef. La autoridad fiscal encargó un informe económico sobre el mutualismo que aún no está terminado pero que se espera para dentro de pocos días, según los pliegos de contratación.
Con todo, el Ministerio de Transformación digital, departamento del que depende el mutualismo, asegura que tiene previsto lanzar una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface tras la negativa de las compañías. "Una vez que la licitación ha quedado desierta se iniciarán los trabajos para una nueva licitación", indica el Ministerio en un comunicado.
Además, el Gobierno ha asegurado que todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos "previstos en la Ley de Contratos del sector público", según ha detallado el Ministerio. Es decir, el Ejecutivo tiene en mente utilizar las dos herramientas escritas líneas antes para asistir a los funcionarios durante un periodo de tiempo.