Madrid
Las negociaciones por la renovación de Muface entre el Gobierno y aseguradoras mantienen en vilo a casi dos millones de personas. Sin embargo, la desaparición del modelo tiene mayor alcance en algunas comunidades autónomas por la capacidad de las mismas a la hora de absorber a los funcionarios que han elegido este modelo de asistencia sanitaria.
Según los datos que proporciona la Fundación IDIS, el mayor porcentaje se encuentra en las regiones de Castilla y León y Extremadura, ambas con un 6% de mutualistas sobre la población general. Con todo, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla casi uno de cada cinco ciudadanos están adscritos a Muface, Mugeju (abogados del estado y jueces) o Isfas (militares). Además, ambas localidades son las únicas en toda España cuya gestión sanitaria es responsable directamente el Ministerio de Sanidad.
Por números absolutos, Andalucía tiene en estos momentos 434.321 funcionarios mutualistas, siendo la comunidad autónoma líder en este ranking. Le siguen la Comunidad de Madrid (332.721) y Cataluña (169.067). Sin embargo, estos territorios tienen unas infraestructuras sanitarias con menor dispersión geográfica, por lo que el impacto podría ser inferior al de Castilla y León y Extremadura.
La traducción del fin de Muface en términos de presión asistencial tiene más variables. Por un lado, el Estado se vería obligado a asumir un coste adicional superior a los 1.000 millones de euros al año para asegurar la cobertura sanitaria de los funcionarios. Pero más allá del dinero, el problema de fondo es la saturación del sistema en sí. Absorber la atención de los mutualistas provocaría un aumento de cinco millones de consultas anuales en la atención primaria, una parte del sistema que vive al borde del colapso desde que estalló la pandemia por coronavirus.
Pero es que además, fuentes de la sanidad privada avisan de un drástico incremento del 266% en las listas de espera para consultas y un incremento del 115% en las listas para intervenciones quirúrgicas. "Esto no solo perjudicaría a los mutualistas, sino que también afectaría gravemente al resto de los ciudadanos que dependen del sistema público de salud", dicen. "Al incrementar la presión sobre la sanidad pública, que ya de por sí está preocupantemente tensionada, los servicios presumiblemente empeorarán y con ello el previsible descontento social. La falta de una solución adecuada a este problema podría derivar en un colapso sanitario de dimensiones muy preocupantes para los españoles en su conjunto", añaden.
Destrucción laboral
Pero el fin del mutualismo también tendría consecuencias sociales, además de sanitarias. En la actualidad la sanidad privada tiene una plantilla de alrededor de 300.225 trabajadores y la extinción de Muface provocaría el cierre de 21 hospitales y destruiría más de 13.062 puestos de trabajo, según el Idis. En consecuencia, el Estado dejaría de recaudar hasta 82 millones de euros en concepto de IRPF por los despidos.
En España más del 55% de los hospitales y el 30% de las camas son privadas. La desaparición de Muface dejaría inhabilitadas 2.140 de las últimas mencionadas y un total de 21 centros podrían cerrar. Esto afectaría a todas las autonomías, excepto a Galicia, La Rioja e Islas Baleares, según la patronal.
Margen de Negociación
Esta es la diferencia de gasto entre los que invierte el Estado en dar cobertura sanitaria per cápita, 1.736 euros, frente a lo que pagará a las aseguradoras por cada funcionario adscrito a Muface, 1.208 euros, en el caso de que fructifique la actual oferta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata de un ahorro de algo más de 500 euros que puede dejar margen a una nueva vuelta de tuerca en la negociación durante los próximos días.
