Mirenchu del Valle, la presidenta de Unespa, la patronal del seguro, ha instado a las autoridades competentes a "cuidar modelos de éxito de colaboración público-privada" como Muface. Aclara que es necesario "adaptar este tipo de ejemplos a las realidades actuales a las que se enfrenta", en referencia a una actualización del presupuesto destinado a esta partida, que actualmente las aseguradoras consideran inferior a lo que debería para no acometer pérdidas.
Lo cierto es que el Gobierno ofreció la semana pasada una oferta de incremento de las primas del 14,3% en el bienio de 2025 y 2026, y esta misma mañana se ha conocido que la última oferta del Ejecutivo ha sido del 17%, algo que las aseguradoras siguen considerando insuficiente.
Ayer Adeslas, la compañía que más funcionarios acoge en este modelo con prácticamente la mitad de cuota de mercado, aspiraba a aceptar una oferta que fuera del 24% en 2025 siempre y cuando fuera un contrato anual, para poder negociar la financiación de 2026 con más calma. La oferta inicial que Muface dio a conocer era de un incremento del 24% en el próximo ejercicio y un 1% en 2026.
Actualmente, con los presupuestos que se fijaron en el 2021 para el trienio que finaliza este próximo 31 de diciembre, las tres aseguradoras que están dentro del concierto (Adeslas, DKV y Asisa) estiman que perderán un total de 600 millones de euros por prestar estos servicios. De esta manera, desde las compañías apuestan por un incremento de los fondos cercano al 40% en los dos próximos ejercicios para contener las pérdidas.
En el caso de que ninguna de las aseguradoras estén dispuestas a entrar en el concierto de Muface con las condiciones fijadas por el Gobierno, los más de 1,5 millones de funcionarios se verían abocados a recalar en el Sistema Público de Salud, con todo lo que ello conlleva. Según la Fundación Idis, cifró en que esta situación llevaría a las arcas públicas a destinar más de 1.000 millones al año para acoger a los trabajadores públicos en el sistema sanitario.
Además, provocaría otras circunstancias dentro de las aseguradoras, ya que se destruirían unos 13.000 puestos de trabajo de sanitarios que trabajan para entidades privadas y se cerrarían 21 hospitales.