
El Ministerio de Sanidad publicará en los próximos meses una batería legislativa que traerá cambios sustanciales a la política farmacéutica actual. Una de las últimas novedades, confirmadas por altos cargos del departamento de Mónica García, es establecer una diferencia de precio entre el medicamento genérico y el de marca con receta durante los primeros compases en el mercado del primero. El objetivo es favorecer sus ventas.
Actualmente, cuando un tratamiento pierde la patente y llega su competidor a un precio menor, se le insta al primero a igualar para seguir en la financiación pública. Cuando se apruebe esta nueva normativa habrá un periodo de tiempo de entre seis meses y un año (aún en discusión) durante el cuál la terapia genérica estará a un precio más bajo para que gane cuota de mercado antes de competir con la marca en igualdad de condiciones.
La medida es una de las reivindicaciones históricas de la patronal que representa a las empresas que desarrollan fármacos genéricos, Aeseg. De hecho, han denunciado en reiteradas ocasiones que la cuota de mercado (medida por unidades) en España de estos tratamientos lleva casi una década estancada en el 41% de todas las ventas en las farmacias.
Sin embargo, desde la parte de los medicamentos de marca, se defienden aseverando que la medida no trae ningún beneficio ni a los pacientes ni al sistema sanitario. La explicación radica en que la terapia original no cuesta más que el genérico cuando compiten en el mercado.
Según los datos del informe 'Prestación Farmacéutica', elaborado por el Ministerio de Sanidad, cada año pierden la patente veintidós medicamentos de media. Por norma general, unas tres o cuatro empresas de genéricos entran en el mercado con sus productos. Esta sería la dimensión del mercado que quedaría afectada por la normativa cuando entre en vigor.
Una batalla histórica
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó a elEconomista.es que "España es el único país de la Unión Europea que no contempla una diferencia en la legislación entre medicamentos de marca y genéricos". Su visión es que se trata de una situación a la que tocaba poner fin de manera inmediata y, por tanto, se hará en los próximos tres meses.
Sin embargo, la situación actual no siempre ha sido así y ha habido muchos vaivenes legislativos durante la década pasada. Hasta el año 2011 existía la diferencia de precio durante un año pero, en los estertores del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se eliminó del ordenamiento jurídico (vía Real Decreto 9/2011).
Fue en 2012, con la primera legislación sanitaria del Gobierno de Rajoy, cuando se decidió que a igualdad de precio entre la marca y el genérico, se le daría al ciudadano el último. La llamada discriminación positiva tuvo mucho rechazo por parte de la patronal Farmaindustria. Poco después, en 2015, y mediante unas enmiendas que acompañaron a la Ley de Presupuestos de aquel año, el mismo Ejecutivo acabó con esta política. Desde entonces, defienden desde la patronal Aeseg, el genérico no levanta cabeza en el mercado.
Otoño caliente
Después de casi una década de inmovilismo en política farmacéutica, el Ministerio de Sanidad va a protagonizar un aluvión de normativas en cuestión de pocos meses. En breve llegará el borrador de la Estrategia Farmacéutica de España. En ella se esperan una serie de medidas que aboguen por defender la fabricación de medicamentos en territorio nacional. Una de las más esperadas, y que se cumplirá, tal y como adelantó elEconomista.es, es la de proporcionar un precio más alto a los tratamientos considerados esenciales por la Agencia Española del Medicamento. El objetivo no es otro que hacer rentable su producción y evitar la deslocalización de fábricas.
Tras este paquete legislativo le tocará el turno al Real Decreto de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Tal y como contó este medio hace un mes, el objetivo de esta norma es reducir el tiempo de aprobación de nuevas terapias en casi un tercio. La media actual supera los 650 días y se pretende dejar en unos 210.
Tras estas dos legislaciones le tocará el turno al Real Decreto de Precio y Financiación. Esta última norma no se espera antes de 2025 y completaría a las dos anteriores. De hecho, para dar cabida a todas estas normas el Ministerio también tendrá que retocar la madre de todas las leyes que implican al medicamento: la Ley de Garantías.