
Las reglas de juego en el sector farmacéutico cambiarán de forma drástica en los próximos meses. Lo hará tanto en la Unión Europea, con un nuevo plan, como en España, a través de un Real Decreto que modificará la forma de evaluar las terapias innovadoras y una Ley de Industria que fomentará la autonomía estratégica.
Sobre la primera de ellas, que está en su última fase de aprobación, el presidente de la patronal Farmaindustria fue claro sobre sus repercusiones. "Esta nueva legislación sigue conteniendo reducciones a los incentivos para la inversión biomédica, lo que supone una amenaza para la competitividad de nuestras compañías en Europa frente a Estados Unidos o China", dijo Jesús Ponce.
Ya en clave nacional, Jordi García, director general de Estrategia Industrial del Ministerio de Industria, anunció que su departamento ultima una ley que protegerá a las empresas que aporten valor a España y aseguren una autonomía productiva de ciertos bienes. "Aquí el sector farmacéutico es el primero en proteger", dijo.
Si bien no mencionó ningún ejemplo, el anuncio llega mientras se urde una opa sobre Grifols, una farmacéutica nacional que asegura uno de los bienes que más escasez hay en España: los medicamentos plasmáticos, considerados por la Unión Europea como esenciales. La operación de adquisición está siendo capitaneada por el fondo canadiense Brookfield, junto a la familia fundadora de la compañía.
Más allá de esta particularidad, García aseguró que la patronal Farmaindustria ha sido uno de los principales actores en la elaboración del futuro texto legislativo y admitió que han aceptado "varias alegaciones" propuestas desde la patronal. "El sector farmacéutico será uno de los principales actores para una estrategia que durará seis años y que incluso contará con ayudas económicas".
El responsable de la cartera que dirige Jordi Hereu explicó que dentro de la ley habrá una categoría para aquellas empresas que se consideren estratégicas. "La que sea identificada como productora de bienes estratégicos, será catalogada así", dijo, dejando entrever que gozará de una protección por parte del Estado.
De hecho, además de ser identificada, se prevé que la empresa que quiera formar parte de este plan tendrá una certificación "donde el órgano de gobierno de la empresa asegura que va a poner recursos y un plan de contribución" que vaya en línea con las necesidades del país. Se trata de una colaboración, en síntesis, público-privada en la que tanto empresa como Estado sacarán rédito de la alianza que se forme.
En línea con todo lo anterior, habrá una actualización del Plan Profarma, un sistema con más de 30 años de antigüedad, que prevé exenciones fiscales para las farmacéuticas que más aporten al Producto Interior Bruto con su actividad. De hecho, es una actualización urgente, ya que este sistema caducó el pasado 1 de enero y es más que probable que 2024 sea el primer ejercicio sin que esté vigente este plan en más de tres décadas.
Según García, se recuperará en 2025 y tendrá una novedad. "Habrá un peso superior al aspecto productivo y de incorporación a la citada autonomía estratégica. Si una empresa asegura una producción, tendrá más incentivos", resumió el responsable del Ministerio de Industria.