Madrid
La negociación del nuevo convenio para el mutualismo se recrudece cada día que pasa. Si durante las últimas semanas han sido varias aseguradoras que participan en el modelo las que han denunciado que el sistema está infrafinanciado y que instan a mejorar el presupuesto para renovar, ahora son los prestadores finales del servicio, los hospitales privados, los que se unen a las críticas con idénticos argumentos.
La patronal ASPE, que engloba al sector, explica que el mutualismo también es deficitario para ellos. "La patronal de la sanidad privada considera que los proveedores sanitarios que atienden a mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas no reciben una retribución adecuada, debido a que la prestación de servicios a estos pacientes resulta deficitaria en muchos casos para cubrir los costes directos de asistencia. Esta situación se debe a que las tarifas actuales crean un desajuste financiero para los centros sanitarios, que deben responder ante el progresivo incremento de la edad media de los mutualistas y el aumento de la frecuentación asociada", explican en exclusiva a elEconomista.es.
Además, añaden otro elemento a la coctelera. Dentro de los ingresos de los hospitales privados, la gran mayoría provienen del aseguramiento, ya sea directo o a través del mutualismo, pero este último goza de unas pólizas menores. "Las tarifas para pacientes provenientes del mutualismo administrativo son un 10% inferiores en comparación con las aplicadas a los asegurados de las compañías de salud, lo que agrava aún más el déficit en la prestación de servicios", aseveran.
Esta es una queja que afecta no solo al Gobierno, sino también es una crítica velada hacia las aseguradoras, "es fundamental que las aseguradoras distribuyan de manera equitativa las subidas de primas entre todas las partes implicadas en la atención sanitaria, garantizando que los hospitales reciban una compensación justa por los servicios prestados a los mutualistas", dicen.
Según el informe de la Universidad Complutense de Madrid, el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, teniendo en cuenta la diferencia existente actualmente entre la prima de Muface (1.040 euros por mutualista de promedio) y el gasto sanitario total (1.608 euros por ciudadano) y el número actual de mutualistas que se decantan por la sanidad privada (un 72,9%).
Negociación a contrarreloj
La situación entre las partes (Gobierno y prestadores de servicios) están en estos momentos muy alejadas y el reloj para renovar el convenio no deja mucho espacio a las dudas. El actual contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y a partir de ahí no habrá sistema de mutualismo si no se llega a un acuerdo.
Más allá del coste económico que supondría para las arcas públicas, que podría llegar a ser asumible por el Estado si así lo decidiera, lo que no es concebible es soportar a casi dos millones de ciudadanos más en un sistema público que vive rozando el colapso cuando no llegando a él en algunos momentos del año. "O se busca una financiación adecuada que involucre a todos los agentes implicados o el modelo está destinado a desaparecer, con las terribles consecuencias que esto conllevará en términos de incremento de las listas de espera… Un incremento que la Universidad Complutense estima en un 266% para consulta externa y en un 115% para una intervención quirúrgica", destaca Carlos Rus, presidente de la patronal Aspe.