Madrid
El Ministerio de Sanidad vuelve a la carga con uno de los planteamientos estrella de su titular, Mónica García. El departamento ha sacado a audiencia pública (trámite previo a la aprobación de una ley) el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que, entre otras cosas, pretende limitar la posibilidad de que las empresas privadas gestionen la sanidad pública. La ministra explica que "se cierra así la Ley 15/1997", que abrió la puerta a modalidades de gestión "que han deteriorado la sanidad" y se da vía libre a ese lema de "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende".
La ley a la que ha hecho referencia García permitió el despliegue de los conciertos o concesiones que las administraciones públicas autonómicas han ido acordado con distintas empresas para que prestaran el servicio de sanidad a distintos núcleos de población. Si bien en todos los territorios se han producido acuerdos, los más conocidos han sido los de la Comunidad Valenciana (conocido como Modelo Alzira) o en la Comunidad de Madrid.
Entre los problemas que el Ministerio de Sanidad asegura que quiere solucionar se encuentran cinco principales. Uno de ellos explica que se trata de evitar el "blindaje diferencial de los contratos con el sector privado, lo que ha redundado en la necesidad de repercutir doblemente las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión pública en los años en los que ha habido contracción presupuestaria". Además, también se encuentra en la documentación que el departamento de García ha publicado que otros de los problemas a evitar es el de la "falta de transparencia en la liquidación de los pagos por parte de las administraciones a las empresas prestatarias de los servicios contratados".
El objetivo del Gobierno es introducir en la regulación aplicable diversas medidas en cuestiones tales como las siguientes: ?"Limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro, mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad, facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes, y el establecimiento de las prácticas de gestión pública que hagan capaz alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española".
El documento es muy similar al que redactó la antecesora en el cargo de García, Carolina Darias. Entonces ya se ponía negro sobre blanco que el objetivo era limitar a la excepcionalidad los conciertos entre las administraciones públicas y las empresas sanitarias a la hora de externalizar la gestión de la sanidad. Sin embargo, aquel proyecto murió con la convocatoria de elecciones.
Pero más allá de la oposición que se encuentre Mónica García con los afectados del sector, la mayor dificultad que encontrará será precisamente en el Congreso de los Diputados. La composición actual del Hemiciclo obliga al Gobierno a contar con el apoyo de los partidos políticos catalanes y éstos no tienen ninguna predisposición a favor de esta norma. Cabe recordar que el modelo de esta comunidad aútonoma en relación con la sanidad vincula como ninguna otra la actividad de la sanidad pública con las empresas de provisión sanitaria privada.
