Madrid
El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas aprobar el Plan Integral para la Prevención y Control de Tabaquismo (PIT) a través de un "acuerdo de colaboración" en un encuentro extraordinario de la Comisión de Salud Pública, que ha tenido lugar hoy. Ahora las regiones tienen hasta "antes del jueves a mediodía" para comunicar si se adhieren o no al plan, según el departamento de Mónica García
Durante la reunión se han puesto encima de la mesa 157 de las 180 enmiendas que había recibido el departamento de Mónica García por parte de las comunidades autónomas. Diez de ellas no han tenido una respuesta positiva y el resto han conllevado una modificación, según ha explicado el Ministerio de Sanidad. Las comunidades han pedido más tiempo para revisar los cambios en el documento.
El nuevo procedimiento que propone el Ministerio de Sanidad para llegar a un trato, es decir, un acuerdo colaborativo o cooperativo, posibilita la adhesión de las regiones al plan especificando sus líneas rojas. Esta decisión ha sorprendido y pillado por sorpresa a las comunidades autónomas. "Entiendo que para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo: una sociedad libre de tabaco sería más operativo modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta y año a año ir avanzando en acciones concretas con una dotación presupuestaria específica", ha apuntado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, a elEconomista.es. Su próximo paso es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tendrá lugar este viernes.
A mediados de marzo, el Ministerio de Sanidad ya presentó ante la Comisión de Salud Pública el borrador del plan. Sin embargo, quedó patente que el contenido del texto partía de evidencias sustentadas en informes que se realizaron al menos hace dos años. Los técnicos de las autonomías pidieron más tiempo para presentar nuevas alegaciones y evidencias científicas. En concreto, tenían un plazo de 15 días para llevar a cabo esta acción.
Además, una semanas después, es decir, el 22 de marzo, el departamento de García se reunió con las sociedades científicas y entidades públicas para recoger sus iniciativas y preocupaciones. En esa cita, se pusieron sobre la mesa varios datos. "En España mueren 140 personas como consecuencia de fumar y 460 adolescentes inician esta práctica al día. De hecho, el tabaco puede provocar 16 tipos de cáncer diferentes, no solo el de pulmón", explicaba la ministra a los medios de comunicación tras la reunión.
Las propuestas que las regiones han remitido al Ministerio tienen como nexo la necesidad de actualizar la normativa antitabaco vigente. El objetivo es reducir la prevalencia del consumo, sobre todo entre los más jóvenes, pero hay cierta discrepancia en cómo conseguirlo.
Por un lado, si finalmente llegan a sacar adelante el plan, el texto resultante no delimitará los espacios en los que se ampliará la prohibición de fumar, a pesar de que algunas autonomías sí los hayan especificado en sus propuestas, según informa EFE. Además, tal y como ha respaldado siempre el Ministerio, el documento es una hoja de ruta que servirá de paraguas a la futura ley, que es la que delimitará los nuevos espacios sin humo.
Esta mañana la ministra de Sanidad ha señalado en una entrevista en TVE que las terrazas – uno de los lugares que más diferencias de opinión suscita entre las comunidades – son espacios en los que la evidencia científica ha corroborado que se consume "humo de segunda mano", pero su delimitación es algo que "se tiene que derivar en las diferentes leyes" y no en el plan.
Asturias y Cataluña apuestan por la prohibición de fumar en estos espacios, pero otras regiones como Baleares o La Rioja se decantan por la autorregulación a través de un sistema de incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad. Canarias plantea su prohibición también en marquesinas, espacios deportivos al aire libre y los alrededores de los accesos de los lugares donde ya está vetado. Además, pide datos actualizados sobre el empaquetado genérico.
De igual importancia, varias autonomías han manifestado controversias sobre prohibir fumar en espacios privados como el coche cuando vayan embarazadas o menores de edad. Este es el caso de Castilla y León o Andalucía, que han solicitado una mayor claridad sobre esta parte de la regulación.
Por su parte, Madrid opina que corresponde al Gobierno introducir cambios en la ley aplicables a todo el territorio. Además, Galicia defiende la autorregulación e iniciativas como las suyas (playas sin humo o parques sin humo), insiste en la necesidad de actualizar el plan siempre buscando el consenso y de dotarlo de fondos para su puesta en marcha; y Murcia pide que no solo contenga líneas estratégicas, sino también una financiación específica.
La mayoría de comunidades están de acuerdo en la equiparación de los cigarrillos convencionales a los vapeadores y otras formas de consumo. Es más, algunas van más allá y quieren que se prohíba la venta de los de un solo uso a menores. Sin embargo, Aragón quiere que se elaboren estudios de los efectos en la salud de las sustancias de los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina o que se estudie la posibilidad de que puedan llegar a utilizarse como vía de deshabituación tabáquica en casos especialmente indicados y cumpliendo unos requisitos.
Las autonomías apuestan por aumentar el precio de la cajetilla, y Baleares insta a dedicar el dinero derivado del incremento a la lucha contra el tabaquismo para que no se entienda como algo meramente recaudatorio.
