Carlos Rus, presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE: "La ideología sin matemáticas produce muertos"

El sector empresarial sanitario español se muestra preocupado ante la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Universalidad y Cohesión aprobada el pasado mes de junio en el Consejo de Ministros. En dicha norma se eliminaba la posibilidad de concertar la asistencia sanitaria con empresas privadas, salvo casos excepcionales. Desde la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) expresan que la ley "carece de un análisis económico realista".

La Comisión ha presentado una radiografía actual del sector y los problemas que afectan a cada uno de los tres bloques en los que se divide su trabajo (sanidad, farmacia y dependencia)."La ideología sin matemáticas produce muertos. España se convertiría en el primer país de Europa en crear un muro de Berlín entre la sanidad privada y la pública y tenemos la obligación de trabajar por el fortalecimiento común, sin ningún tipo de exclusión. Esta es la hoja de ruta que planteamos y en la que cualquier órgano público o gestor de la salud encontrará nuestra mano tendida y la disposición absoluta a colaborar", expresa Carlos Rus, presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE y de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

El tejido empresarial sanitario tiene un peso significativo dentro del Sistema Nacional de Salud. Concretamente, representa el 9,5% del PIB, emplea a más de 1,2 millones de personas y factura unos 109.000 millones de euros. Entre las principales preocupaciones del sector sanitario se encuentran la colaboración público-privada, la escasez de profesionales, el intrusismo, la lentitud en los trámites burocráticos, los problemas fiscales o las elevadas listas de espera que afectan a 700.000 ciudadanos.

Desde la CEOE recalcan que la sanidad pública va en contra de la privada por motivos ideológicos. "La Constitución permite a las autonomías tener unas competencias que, en este caso, el estado no armoniza, sino que centraliza. Hay 700.000 ciudadanos que están en las listas de espera para una intervención y 2'8 millones de personas esperando a ser atendidas por un médico especialista. No tiene sentido que la sanidad pública vaya contra la privada por una cuestión ideológica", explica Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Los tres bloques en los que se divide el trabajo de la Comisión ponen de manifiesto una serie de problemas estructurales que no resuelve la Ley de Equidad. Al sector de la farmacia le preocupa la norma, pero se muestra aliviado por el reciente cambio en la dirección en la cartera de Farmacia. Con el nombramiento de César Hernández confían en ser mejor escuchados y que sus objetivos sean tratados en la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento.

Entre las propuestas de mayor calado se encuentran mejorar el acceso y la disponibilidad a los fármacos innovadores o la exclusión de precios de referencia a medicamentos huérfanos. "Someter a las mismas normas a estos medicamentos puede hacerlos inviables en España y podría generar un problema a una población diana que sufre mucho", explica Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE.

El sector de la dependencia centra sus objetivos en lograr un Pacto de Estado que permita trabajar por la calidad, por la libre elección de las personas y por la financiación adecuada. "Este Pacto de Estado tiene que tener una visión a largo plazo y tenemos responsabilidad social como país. Nos preocupa el acuerdo de acreditación, ya que no está basado en criterios de calidad que están generando unas expectativas no esperadas", concluye Natalia Roldán, vicepresidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).

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