La directora de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, deja su cargo al frente de la Dirección General de Farmacia tras cuatro años, cuando llegó de la mano de Carmen Montón tras la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno en 2018. La razón esgrimida por la dimitida apunta a "motivos personales".
Desde hace tiempo corrían rumores sobre la posibilidad de que Lacruz fuera sustituida por la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas. Finalmente, a la dirección general de Farmacia llegará el segundo de Lamas, César Hernández, que en los últimos tiempos ha estado muy involucrado en el análisis y los contratos de las vacunas contra el covid.
El momento de la sustitución de Lacruz también es clave. En el nuevo curso parlamentario se deben decidir dos cosas muy importantes en política farmacéutica. La primera de ellas, que ya adelantó este medio, es el establecimiento de mejoras económicas para las empresas que se lancen a la fabricación de los más de 200 medicamentos que Sanidad considera esenciales. Este periódico ya publicó, en palabras del propio Hernández, que se trabaja en un triple incentivos. El del Ministerio de Industria, a través del plan Profarma, Sanidad también las contempla a través de la Dirección General de Farmacia y la Agencia del Medicamento podría tocar las tasas que cobra por el registro de medicamentos.
El otro de los temas sanitarios que está en vísperas de una reforma es la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, donde se prevén cambios tanto en el sistema de precios de referencia como también en la relación que hoy mantienen los medicamentos innovadores que pierden su patente con los genéricos que comienzan a salir al mercado. En un anexo a esto último estaba el gran plan de Patricia Lacruz (Plan de fomento al genérico y al biosimilar). Casi nadie de los afectados veía con buenos ojos el proyecto, que lleva en un cajón de la Secretaría de Estado desde hace varios meses.
Polémica por la compra de test
Lacruz está inmersa en un procedimiento judicial (tras una denuncia de Vox) que la implica a ella y otros dos altos cargos por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las compras de emergencia realizadas en los primeros compases de la pandemia por coronavirus. La protagonista declaró ante el juez en abril y desde entonces se espera una resolución.
Lacruz también ha sido objeto de críticas por la tardanza en la aprobación de nuevos medicamentos. Desde que llegara al cargo, el tiempo medio desde que se produce la aprobación en Europa hasta que el fármaco llega a España se ha incrementado, así como la proliferación de condiciones especiales a la hora de financiarlos. En datos, en 2016 los contratos restrictivos apenas eran del 26%. En 2018, repuntaron hasta el 50% y dos años después el porcentaje escaló hasta el 67%. Además, el tiempo medio para que llegue la terapia es de 15 meses.
