La reforma fiscal que prepara la Comisión Europea a través de la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED) incluye una subida histórica de los impuestos especiales que se aplican a este producto que podría encarecer el paquete unos 1,40 euros de media en España.
Los detalles de este plan, aún en fase preliminar, se ha conocido gracias a una filtración desde el Ejecutivo comunitario e incluyen la mencionada subida media del 30% en el impuesto que se aplica a los cigarrillos y que podrían encarecer la cajetilla de algunas marcas en nuestro país hasta alcanzar los 7 euros o los 12,40 en el caso de Francia, donde el tabaco ya se encuentra fuertemente gravado.
En el caso del tabaco de liar, la Comisión Europea prevé un aumento del 60% en el impuesto de manera que una bolsa de picadura de 30 gramos se encarecería unos 4 euros, pasando de costar 6,60 euros a 10,6 euros. Por su parte, la cajetilla de cigarritos sufriría un incremento de precio del 64%, pasando de los 4,25 euros de precio a unos 7 euros.
Desde la industria tabaquera han alertado recientemente de los riesgos derivados de elevar la presión fiscal sobre el tabaco y sus alternativas, como demuestran los datos de comercio ilícito en países como Francia, donde su subida de precio y medidas como el empaquetado genérico han derivado en un aumento del consumo de cigarrillos ilícitos en 2024 hasta los 18.700 millones, el 37,6% del total del mercado, de los cuales cerca de 7.800 millones eran falsificaciones.
Estos datos, incluidos en el informe elaborado por KPMG para Philip Morris International (PMI) presentado recientemente en Bruselas, revelan que otro de los países europeos con mayor subida de precios en el tabaco, los Países Bajos, registró el año pasado un incremento del 140% el contrabando de tabaco ilícito hasta representar un 18% del total.
En un contexto en el que el comercio del tabaco ilícito aumentó en la Unión Europea un 10,8% hasta los 8.900 millones de cigarrillos, en España el incremento fue de apenas 0,5 puntos porcentuales hasta los 1.400 millones de unidades, lo que representó el 3,3% del consumo total y una pérdida de ingresos fiscales de 263 millones de euros.
En relación con este fenómeno, el vicepresidente sénior de Asuntos Externos de PMI, Christos Harpantidis, avisaba durante la presentación del mencionado informe en Bruselas que "las restricciones, los precios elevados o la falta de disponibilidad de los productos legítimos podrían impulsar a los consumidores hacia fuentes ilegales, lo que tendría implicaciones negativas adicionales".