Bruselas
El consumo de cigarrillos de origen ilícito, es decir, de contrabando o falsificados, alcanzó el año pasado un total de 38.900 millones de unidades en la Unión Europea, lo que supone un crecimiento del 10,8% respecto a 2023 hasta representar una cuota del 9,2% del total del mercado.
La presencia de este mercado ilícito de tabaco, según el estudio de KPMG elaborado para Philip Morris International (PMI) presentado hoy en Bruselas, generó a los estados europeos una pérdida de ingresos fiscales de 14.900 millones de euros, equivalentes a más de la mitad del presupuesto destinado al programa Erasmus+ para el periodo 2021-2026 y fijado en más de 26.000 millones.
Las pérdidas generadas por el mercado ilegal del tabaco son aún mayores si se tienen en cuenta los 38 mercados europeos analizados en el informe, más allá de la UE, ya que el consumo de estos productos en 2024 ascendió a 52.200 millones de cigarrillos, un 10% del total del mercado regional, y generó unas pérdidas de ingresos fiscales de 19.400 millones de euros.
En el caso de nuestro país, el informe revela un aumento de 0,5 puntos porcentuales en la cuota del tabaco falsificado o de contrabando hasta representar el 3,3% del total, con unos 1.400 millones de cigarrillos consumidos el año pasado, lo que supone un incremento de más de 200 millones de unidades adicionales. Así, en España, este mercado ilícito de tabaco dejó un agujero de 263 millones de euros en las arcas del estado por impuestos no ingresados.
Políticas fiscales
Sin embargo, los niveles españoles se encuentran a una gran distancia de los países que lideran el aumento del consumo de tabaco ilícito según el informe de KPMG, Francia con 18.700 millones de cigarrillos ilícitos y un 38% del total; pero sobre todo los Países Bajos, donde aumentó en 1.100 millones de unidades, más del doble que en 2023, hasta alcanzar el 17,9% del total tras adoptar una política fiscal muy agresiva contra el tabaco.
Por primera vez, el estudio de la consultora incluye los productos de tabaco calentado ilícitos en una selección de países como República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, España y el Reino Unido, donde el año pasado su consumo ascendió a 400 millones de unidades, el 0,9% del consumo total.
Según Christos Harpantidis, vicepresidente sénior de Asuntos Externos de PMI, "el comercio ilícito de tabaco amenaza la economía europea, la salud pública, la seguridad y la estabilidad social. Hoy en día, los mercados con mayores impuestos y precios, como Francia y los Países Bajos, se ven especialmente afectados por productos importados ilegalmente o falsificados".
El directivo ha destacado la implicación que tiene la lucha contra el contrabando de tabaco en términos de competitividad en Europa, tanto de los propia industria tabaquera, pero también sociales ya que "proporciona miles de puestos de trabajo y está conectada con el sector primario, específicamente con la la agricultura, lo que implica una cadena de valor extendida y una contribución al empleo rural y agrícola".
En este sentido, Harpantidis ha recordado recordado que la multinacional cuenta con "alrededor de 20 centros de trabajo Europa donde desarrollamos algún tipo de actividad. Nuestra industria en Europa es un polo de innovación en el que hemos hecho una inversión millonaria en los últimos años en el desarrollo de productos alternativos al cigarrillo".
En el terreno de las políticas sanitarias y fiscales, el directivo de la tabaquera relaciona directamente la mayor incidencia del tabaco ilegal en aquellos países que han apostado por una mayor presión sobre la industria y avisa de las implicaciones sanitarias de aplicar la misma filosofía a las nuevas alternativas al cigarrillo. "Nuestra industria es un sector que requiere una mirada muy cuidadosa a la hora de legislar, porque nuestros productos y actividades tienen implicaciones directas en la salud de la población, lo que añade una capa de complejidad regulatoria y ética. En el sector existe un interés en lograr que los consumidores tengan mejores opciones, a través de productos más seguros o de mayor calidad", añade. "Las restricciones, los precios elevados o la falta de disponibilidad de los productos legítimos podrían impulsar a los consumidores hacia fuentes ilegales, lo que tendría implicaciones negativas adicionales", concluye Harpantidis.