El retraso en las ayudas tras el colapso provocado hace ya más de un mes en Valencia por la DANA ha dejado herida a la hostelería local. De acuerdo con los datos que maneja el sector, hay 1.400 establecimientos en los 78 establecimientos afectados que siguen sin poder reabrir sus puertas, lo que supone más de un 4% del total en la comunidad autónoma. Las pérdidas superan los 300 millones de euros y el problema es que hay, al menos, 210 locales, el 15% del total de los que están cerrados, que no volverán a abrir ya nunca más.
"Las ayudas no están llegando y muchas de las empresas que se han visto obligadas a cerrar son micropymes", denuncian en el sector. Pero es que más allá de los locales que siguen cerrados en las zonas afectadas, hay otros muchos en otros municipios de la provincia de Valencia, incluida la propia capital, que han visto reducida significativamente su volumen de facturación. "Es fundamental recuperar el turismo y la confianza para que las ventas suban", aseguran las fuentes consultadas.
La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia está impulsando todo tipo de medidas para tratar de impulsar la recepción de las ayudas, pero la situación sigue siendo muy complicada. La organización ha realizado inicialmente una labor de asesoramiento a los negocios afectados para la tramitación de las ayudas, acompañando a los propietarios de los negocios y facilitándoles toda la información sobre las medidas en marcha, además de los seguros.
Su objetivo pasa ahora también por el diseño y realización de campañas para el regreso de visitantes y la reactivación del consumo, además de acciones específicas a largo plazo para apoyar al sector. En este sentido, Hostelería de España, junto con la organización de fabricantes y distribuidores Aecoc y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) han impulsado también el plan Juntos por Valencia, con el que pretenden "apoyar a los hosteleros y la recuperación económica".
Ayudas insuficientes
Los empresarios valencianos coinciden de forma prácticamente unánime en que los 16.600 millones de euros anunciados por el Gobierno tras el desastre no serán suficientes ante la magnitud de la debacle, que ha arrasado municipios enteros, provocando cuantiosas pérdidas. La patronal autonómica, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), de hecho, apuntó ya a comienzo de noviembre que las ayudas directas "según los casos, pueden quedar cortas". En su valoración inicial, aunque cree que las ayudas van "en la dirección correcta", insiste en que "se necesitará más intensidad en las ayudas en el largo plazo".
La Cámara de Comercio estima, de hecho, un impacto económico de 21.819 millones de euros, lo que supone el 32% del PIB de la provincia de Valencia, teniendo en cuenta además que los municipios afectados representan prácticamente el 25% del empleo de la región, lo que antes de las lluvias torrenciales de principios de mes se traducía en 264.883 empleos. Desde el empresariado se considera un error comparar la crisis actual con la del Covid, en que la actividad se paralizó e hibernó, o la de la guerra de Ucrania, con la subida de costes y los problemas de suministro ya que en ambos casos empresas y autónomos mantenían sus instalaciones y activos intactos.