Valladolid
Las exigencias medioambientales de la nueva PAC 2023-2027 son una de las principales causas de la rebelión que ha puesto en pie a miles de agricultores en nuestro país durante los últimos días. La complejidad y el carácter antiagronómico de algunas de las medidas incluidas en el nuevo modelo no solamente tienen un claro impacto en la productividad, sino que en su primer año de aplicación han supuesto un coste adicional para el sector primario, que dejará de ingresar 157 millones de euros en ayudas.
El nuevo modelo de la PAC 2023-2027 sustituía el Régimen de Pago Básico por una nueva estructura: la ayuda básica a la Renta para la Sostenibilidad, el Pago Redistributivo y los denominados ecorregímenes, que establecían una remuneración a las explotaciones que llevasen a cabo prácticas agrícolas o ganaderas suplementarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. En total, se concretaban en siete prácticas que supuestamente se adaptaban a todos los usos agrarios.
Los ecorregímenes son una de las principales novedades y punta de lanza del carácter medioambientalista que las autoridades europeas han impuesto a la actividad agroaganadera. Del lado de los productores, sin embargo, ha supuesto la ejemplificación de un intervencionismo antiagronómico que prácticamente les cercenaba cualquier capacidad para tomar sus decisiones a la hora de decidir sus cultivos en base a su experiencia, características agroclimáticas de la zona o la demanda de los mercados. Descargue aquí gratis elEconomistaAgro
Y el resultado es que muchos han optado por renunciar a esa ayuda. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), uno de cada cuatro perceptores de la PAC decidió no solicitar los ecorregímenes en la pasada campaña, primera en la que se aplicaban.
En 2023, un total de 622.404 agricultores y ganaderos presentaron la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común, que contaban con un presupuesto total de 4.875 millones de euros. El número de solicitantes supone una caída del 3,95% debido a que hay menos explotaciones y de mayor tamaño pero se mantenía la superficie declarada, 22,2 millones de hectáreas.
Pero en el caso de los ecorregímenes, la caída del número de solicitantes ha sido de un 25%, uno de cada cuatro, y la superficie declarada apenas ha llegado a los 19,1 millones de hectáreas. Es decir, algo más de tres millones de hectáreas se han quedado sin las ayudas de los ecorregímenes.
Una disminución que aún es más clarificadora si se tiene en cuenta que para acogerse a estos ecorrégimenes no era necesario tener derechos de la PAC, como ocurre con la ayuda básica a la renta o los pagos redistributivos, por lo que lo esperado por las autoridades españolas era que el número de hectáreas acogidas a esas ayudas aumentasen. De hecho, el Gobierno intentó impulsarlos anunciando que no tributarían en el IRPF. Pero ni por esas.
Teniendo en cuenta que los ecorregímenes ocupan un 23% de los 4.875 millones del total de las ayudas anuales y que la superficie de las declaraciones presentadas se reduce un 14%, la factura medioambiental de la nueva PAC asciende a 156,9 millones de euros, una minoración que complica aún más la situación de un sector al límite por la falta de rentabilidad derivada de los bajos precios en origen y la subida de costes, agravada de forma dramática en la última campaña con la sequía.
Plaguicidas prohibidos en las importaciones
Los datos también avalan otras de las denuncias que los agricultores han esgrimido ante la opinión pública durante este calendario de movilizaciones: la entrada de productos de otros países en los que no se imponen las mismas exigencias que en la Unión Europea en aspectos como los fitosanitarios, cuyo uso estaba previsto reducir al 50% en los próximos años, una medida que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha tenido que aparcar para aplacar la ira del sector agrario.
El pasado año repuntaron las alertas y notificaciones por el riesgo para la salud de productos provenientes de Terceros Países hasta alcanzar máximos históricos. Según los datos de la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria (ELIKA) tomados del sistema europeo de información rápida de alertas y notificaciones alimentarias (RASFF por sus siglas en inglés), los casos en 2023, alcanzaron las 4.205 frente a los 3.921 de 2022.
Estas alertas incluyen los casos de uso de plaguicidas prohibidos en la UE, como los clorpirifos y el clorpirifos metil, además la contaminación biológica, la contaminación física, metales pesados, la contaminación química, las micotoxinas, la mala higiene y los fraudes en el etiquetado con alérgenos no declarados.
Cuando la sustancias o la contaminación detectada en un alimento o un pienso que esté presente en el mercado y suponga un riesgo grave para la salud se desencadena la alerta, mientras que si la naturaleza del riesgo no requiere una acción rápida porque no ha llegado al mercado o ya no se haya presente se tramita como una notificación de información. El tercer supuesto son los rechazos en frontera, casos en los que no se deja entrar la mercancía.
En el ultimo informe de 2022 puede verse cómo la mayoría de las alertas sanitarias son siempre referidas a residuos de plaguicidas, según señalan desde el laboratorio agroalimentario Labcolor, y en concreto, con sustancias prohibidas en la UE.
Si echamos la vista atrás, se observa como las alertas por residuos fitosanitarios han ido ganado peso en el total de las notificaciones. Así, si en 2018 representaban el 10% del total, mientras que en 2022 este porcentaje alcanzó el 25,5%.
Cuaderno digital
Otra de las quejas mayoritarias en las movilizaciones ha sido el de la excesiva burocratización que soporta el sector primario, una situación que lejos de mejorar ha empezado a generar un auténtico vértigo con la puesta en marcha del cuaderno digital previsto para la campaña de la PAC 2024-2025. Ese año será para las grandes explotaciones y el siguiente para todos los agricultores. La elaboración informática del actual cuaderno de campo, en el que habrá que consignar los datos generales de la explotación, la Identificación de las parcelas, Información sobre tratamientos fitosanitarios, registro de cosecha comercializada, fertilización o compromisos agroambientales se presenta como un auténtico dolor de cabeza para un sector en el que la edad media supera los 61 años. Finalmente, el ministerio se ha comprometido a que sea voluntario.
