Barcelona
A pesar de descubrir que las cuentas de Caher eran falsas, los actuales accionistas de la compañía apuestan por mantener su actividad. La firma de servicios de marketing presentó concurso de acreedores en octubre y en enero aplicó un expediente de regulación de empleo (ERE) para 64 personas por unas deudas de 27,9 millones de euros. No obstante, trata de evitar la liquidación gracias a los contratos firmados con Danone y Coca-Cola y negocia con Caixabank una quita de su pasivo.
Según el informe elaborado por Kroll Advisory, el administrador concursal, la deuda total de la compañía alcanza los 27,9 millones de euros. La banca posee la mayor parte de la mochila y entre Caixabank, Banco Santander, Bankinter, Banca March y BBVA se reparten aproximadamente el 65% del montante final. Por ello, negocia una quita de deuda con el pool, encabezado por Caixabank –el principal acreedor con el 30% de la deuda-.
En paralelo a las conversaciones con las entidades, la compañía participada en un 30% por el fondo Suma Capital pretende mantener su actividad, explican fuentes cercanas al procedimiento. En un primer momento pareció que el destino más probable era la liquidación y se produjo una fuga de clientes que empujaba hacia ello. Sin embargo, los dos principales contratos que tenía firmados, con Danone y Coca-Cola, se mantienen. Y entre ambos representan el 60% de los 24 millones de facturación registrados en 2022. Lo suficiente para hacerla viable.
La deuda con la administración pública supera el 20% del total
Caher necesitará así convencer al 65% de los acreedores para sacar adelante el convenio, algo que sucedería con el pacto con la banca. Según los datos de Kroll, tras Caixabank y su 30% están Banco Santander, Bankinter y Banca Marcha, con un 10% cada uno. BBVA tiene un peso algo inferior y ronda el 7,5%.
El golpe con las administraciones públicas se reparte entre una deuda de 4 millones de euros con el Ministerio de Economía, lo que supone el 15% del pasivo, y varios pagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social (el 6%).
El falseamiento contable que motivó el concurso
El concurso debería resolverse antes que la querella que lo motivó. En 2022, Suma Capital descubrió que las cuentas estaban adulteradas y presentó una querella contra el exdirector financiero, Sergio Herrejón, y el accionista (24%) y consejero delegado Salvador Arsuaga por malversación, administración desleal y falsedad contable.
Según informó La Vanguardia en su día, se habrían falsificado informes de auditoría y se habrían hinchado las cifras. Un informe de KPMG incluso certificaría que más allá de tocar los datos se habría desviado dinero.
Parece complicada la relación entre los tres socios que forman el capital. Suma Capital acusa a Herrejón y a Arsuaga, pero Arsuaga sostiene que no hubo delito. Mientras, Javier Rotllant, presidente y tenedor del 46% restante cree que el presunto delito lo habría cometido solo el director financiero a espaldas de su socio.
