La puesta en marcha del Consejo Superior de Fundaciones, cuya constitución se recogía por primera vez en una ley en 1994, suma ya casi 30 años de retraso. Este órgano de carácter consultivo debía servir de coordinación entre los protectorados autonómicos de fundaciones, encargados de su supervisión.
"Nuestros plazos son las legislaturas. Somos conscientes de que estamos al final de una, pero no creemos que sea difícil lograrlo porque no habría que aprobar ninguna medida legislativa", asegura la directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Isabel Peñalosa.
La Ley 30/1994 de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general recogía en el quinto capítulo "la creación del Consejo Superior de Fundaciones como órgano consultivo del que forman parte representaciones administrativas y de las propias fundaciones".
Entre las funciones de este organismo, el artículo 38 de dicha normativa recoge que debía tratarse de "un órgano de carácter consultivo", con el objetivo de "asesorar, informar y dictaminar sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a las fundaciones". Todo ello, además de "planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones".
Lo que no está claro es sobre quien debería recaer la responsabilidad de su creación. "En nuestra opinión debería depender del ministerio de Política Territorial, aunque también podría ser el ministerio de Hacienda y Función Pública", asegura la directora de relaciones institucionales de la AEF. En 2015 todos los protectorados autonómicos, en cargados de la supervisión de las fundaciones, se agruparon en el ministerio de Cultura . No obstante, el sector pide que "esta responsabilidad recaiga en un ministerio transversal, que bien podría ser Presidencia o Justicia", afirma Peñalosa. "Las fundaciones son un sector regulado y supervisado, y tenemos una serie de obligaciones y por ello tenemos que pedir autorizaciones.Todo esto debe servir para reducir el riesgo", dice Peñalosa. La asociación reconoce que falta coincienciación y piden un mayor reconocimiento de su actividad. "Somos entidades supervisadas y tenemos una serie de obligaciones".
Ley de Mecenazgo
La Ley de Mecenazgo también está sobre la mesa. Existe una proposición de ley en el Congreso que ha sido presentada por el PdeCat. "Se admitió a trámite con el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios. El Gobierno, sin embargo, no está por la labor a pesar de que es una propuesta que Pedro Sánchez metió en su plan anual normativo de este año".
Por otro lado, las fundaciones reclaman que las donaciones que no superen los mil euros sean completamente anónimas. Según aseguran desde la AEF, esto beneficiaría a las entidad beneficiaría, ya que agilizaría los procedemientos de gestión de las mismas, frente a lo que ocurre ahora,cuando hay que identificar todas las donaciones que se hagan a partir de los cien euros. Para las fundaciones, que tienen un estricto protocolo de lucha contra el blanqueo de capitales, se trata de una medida que no generaría ningún tipo de problema.